Un alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos recordó este lunes a la justicia de Argentina que debe cumplir con los acuerdos internacionales sobre crímenes de lesa humanidad, tras un fallo que redujo la condena a un represor de la dictadura (1976-1983).
Amerigo Incalcaterra, representante de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), se pronunció tras el dictamen de la Corte Suprema de Argentina que declaró aplicable la derogada ley 24.390 (conocida como 2×1) en una causa contra un represor condenado por secuestro y tortura de opositores durante la dictadura.
«Los crímenes de lesa humanidad agravian no solo a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello, no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional», dijo Incalcaterra, en un comunicado.
En el texto, se insta a la Corte Suprema de Argentina a tener en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos.
«El Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no solo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional», dijo el texto.
En este sentido, se recordó que estos delitos son imprescriptibles de acuerdo a las normativas de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad (ratificada por Argentina en 1995) y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que establece también condiciones de posibles reducciones de pena o beneficios.
El derecho a la verdad, la justicia y la reparación son también derechos humanos reconocidos internacionalmente, agregó Incalcaterra, precisando que la Corte Suprema de Argentina debe considerar también la Convención de Viena en el sentido «de no invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de una obligación internacional».
El miércoles pasado la Corte Suprema argentina decidió beneficiar con una reducción de pena a un represor de la dictadura, en un fallo que para organismos de derechos humanos abre las puertas a que otros condenados por los mismos crímenes invoquen esta normativa.
La ley estuvo vigente de 1994 a 2001 en Argentina y permitía computar doble cada día pasado en prisión preventiva a la hora de fijar condena. (08/05/2017)
