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SAN JOSÉ, 15 Mayo 2017 (AFP) – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a Brasil por dos masacres policiales de los años 90 en una favela de Rio de Janeiro, creando un «precedente» en la lucha contra la impunidad, según destacaron el lunes ONGs y familiares de las víctimas.
La Corte, con sede en Costa Rica, criticó además una «demora injustificada» en la investigación de las matanzas acontecidas en la favela Nova Brasilia, lo que generó «una situación de incertidumbre» que «vulneró» el derecho de las familias.
La primera operación policial se llevó a cabo el 18 de octubre de 1994, cuando murieron 13 pobladores de la comunidad, incluidos cuatro niños, y tres mujeres sufrieron abusos sexuales.
La segunda ocurrió el 8 de mayo de 1995, cuando murieron 13 pobladores, dos de ellos niños, y tres policías resultaron heridos.
Según la CorteIDH, la investigación a cargo de la policía de Rio de Janeiro se archivó en 2009 por prescripción, sin esclarecimiento de los hechos ni sanciones para los responsables.
La institución destacó también que las autoridades no tomaron ninguna medida para investigar los casos de violencia sexual ni para otorgar algún tipo de reparación a las víctimas.
Ante ello, ordenó al Estado de Brasil adoptar una serie de medidas de reparación, que incluyen reactivar las investigaciones sobre las muertes y los hechos de violencia sexual, así como publicar anualmente un informe con datos relativos a muertes ocurridas en operativos policiales.
También llamó al país a establecer un mecanismo para que casos de muertes, torturas o abusos sexuales derivados de acciones policiales sean investigados por órganos independientes, e instó al Estado de Rio de Janeiro a establecer metas y políticas para reducir la letalidad de las acciones policiales.
– Una dinámica ‘para garantizar la impunidad’ –
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«Hemos conseguido demostrar la existencia de una dinámica sistémica en la que participan la policía, el ministerio público y el poder judicial para garantizar la impunidad a la violencia policial», dijo en Rio de Janeiro a la AFP Beatriz Affonso, directora del programa para Brasil del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
«Es una violencia que se perpetúa, contra un grupo con características muy específicas: son jóvenes negros de las comunidades, que son ejecutados masivamente», agregó.
«Después de 22 años, por fin hubo un reconocimiento de que hubo masacres. Fue un gran paso, un avance. En Brasil, el proceso iba, volvía, se archivaba. No conseguíamos nada y los policías seguían impunes», afirmó Teresa de Cassia, hermana de una de las víctimas de Nova Brasilia.
«Ahora tenemos un hilo de esperanza y vamos a velar para que todo lo que la Corte decidió se cumpla (…) «Fuimos tratados con desconsideración. Solo queremos que ese tipo de cosas no suceda nunca más», agregó.
Para Marisa Vassamon, directora de programas y campañas de Amnistía Internacional en Brasil, el fallo de la CorteIDH «crea un precedente» y «cuestiona la criminalización de la víctima».
«En 2013, solo en Rio de Janeiro hubo 400 homicidios provocados por la intervención policial. En 2016, ese número subió a 900, lo cual demuestra claramente una agravación de la situación», declaró.
