El Tribunal Superior Electoral de Brasil retomó hoy el proceso que decidirá si la campaña que Dilma Rousseff y Michel Temer compartieron en 2014 fue financiada con dinero de la corrupción, lo que pudiera desalojar del poder al actual mandatario.
El presidente de la corte, Gilmar Mendes, declaró abierta la primera de las audiencias reservadas para este caso, que por primera vez en los 85 años este tribunal sienta en el banquillo a los dos miembros de una fórmula elegida en unos comicios presidenciales.
El juicio había comenzado el pasado abril pero fue suspendido para escuchar a nuevos testigos, y ha sido retomado en medio de una gravísima crisis que se cierne sobre Temer, también investigado en la Corte Suprema por los supuestos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita.
La corte ha reservado esta semana para el análisis de este caso, pero el proceso pudiera ser suspendido en cualquier momento si uno de los siete miembros del tribunal solicita más tiempo para estudiar los cargos, lo que postergaría la sentencia por un plazo indefinido.
El caso está catalogado como Acción de Investigación Judicial Electoral (Aije) 194358 se refiere a unas supuestas «donaciones» que recibió la campaña de Rousseff y Temer de empresas implicadas en los escándalos destapados en la estatal Petrobras.
Las defensas de Rousseff y Temer, antagonistas irreconciliables desde la destitución de ella, actúan por separado y han pedido la anulación del juicio por supuesta falta de pruebas.
Los abogados de Temer, por su parte, también demandan que las cuentas de las campañas de ambos sean juzgadas en forma separada, pues alegan que cada uno se ocupó de su propia recaudación y que en el caso del actual mandatario no hubo fraudes.
Las elecciones de 2014 llevaron a Rousseff a la Presidencia y a Temer a la vicepresidencia, aunque la mandataria fue destituida por irregularidades fiscales en agosto pasado.
Si hubiera una sentencia condenatoria, Temer permanecería en el poder hasta que sean juzgadas todas las apelaciones previstas en la ley, que comienzan en la corte electoral y acaban en el Tribunal Supremo, que daría la última palabra tras un engorroso proceso.
En caso de que todas las apelaciones que pueda presentar Temer sean rechazadas, perdería el cargo y el Congreso debería elegir a su sucesor en un plazo de 30 días, mediante una elección parlamentaria indirecta.
Si así fuera, sería la primera vez en la historia brasileña que dos mandatario habrían sido desalojados del poder durante un mismo período. (06/06/2017)
