La guerrilla FARC completó su desarme en Colombia en cumplimiento del acuerdo de paz firmado con el gobierno y con el objetivo de hacer política: una transición que no se vislumbra rápida ni fácil en un país que aún les ve con desconfianza.
Los retos para quienes combatieron al Estado con armas por más de medio siglo son muchos y variados, pero, según expertos, uno resulta clave: arrancar con buen pie su conversión a la política.
«El desafío más grande es que ese partido político que nazca tenga acogida entre los demás partidos, de modo que quieran hacer alianzas con ellos, formar coaliciones; pero aún mayor es el de lograr que la gente quiera votar por ellos», aseguró a la AFP la analista política Angelika Rettberg.
«Hay muy mala opinión de las FARC y de su legado histórico, y convencer a los colombianos de que han hecho una transición, no solo en sus acciones sino también en su forma de entender la relación Estado-ciudadanos, será un reto importante en los próximos años», explicó esta profesora de la Universidad de Los Andes.
La opinión desfavorable sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) era en mayo pasado de 82%, según un estudio de la encuestadora Gallup. Además, 65% consideraba que esa guerrilla «no cumpliría» el pacto de paz sellado tras cuatro años de negociaciones en Cuba.
Cambio de visión
La importancia de crear un partido sólido está clara para muchos de los 7.000 miembros de las FARC, que están concentrados en 26 puntos del país mientras se completa su reinserción y que en las próximas semanas recibirán amnistías o pasarán a ser juzgados en tribunales especiales según los delitos que hayan cometido.
En la zona de concentración de Colinas (sur), un guerrillero leía hace unos días a la luz de una vela los «lineamientos para el congreso fundacional del partido», previsto para agosto. «Hay que estudiar mucho para saber cómo ejercer la política», dijo.
Mauricio Jaramillo, de la cúpula de las FARC, adelantó a AFP que la «lucha contra la corrupción» y «para que se acabe la violencia» estarán entre las banderas del movimiento político, en el que aspira cumplir una labor organizativa: «ingresando gente, formando gente».
El jefe de las FARC, Rodrigo Londoño (Timochenko), aseguró el martes durante el acto de la dejación de armas que «la guerra interna nació del cierre de las vías legales. La paz significa que la participación política estará abierta a todos».
Para el académico Álvaro Villarraga, en su transición las FARC «no solamente pasan de la guerra a la paz, sino a una visión más abierta, más tolerante, para la cual tuvieron un aprendizaje intenso en el desarrollo de la negociación» y que han venido usando en sus discursos, ahora más cercanos y menos agresivos.
«Eso, sin embargo, entra en tensión con un segundo elemento: la concepción marxista-leninista que traen y las prácticas políticas de la clandestinidad. Pero como esto es un proceso, si afinan su discurso, podrán a la larga fortalecerse y ser un factor que aporte a crear una nueva dinámica política en Colombia y particularmente en la izquierda», consideró Villarraga, directivo del Centro de Memoria Histórica.
Garantías de seguridad
Crear un discurso que cale en sectores urbanos, los que más votan en Colombia, será otro reto para las FARC -que además tienen extracción campesina- según ambos expertos: criticar el sistema actual sin mencionar la necesidad de una revolución y promulgar puntos de vista «más fáciles de compartir por el ciudadano común» como pedir mejor educación o salarios, podrían ser la alternativa.
También «podrían conectar con los deseos de cambio que han venido promulgando en los últimos años movimientos sociales, agrarios y étnicos que han protagonizado fuertes paros y protestas» en el país, explicó Villarraga.
Pero para que todo eso sea posible, deberán sortear otro asunto clave, que depende menos de las FARC: que se garantice su seguridad para que, entre otras cosas, puedan usar el mínimo de diez curules en el Congreso que les garantiza el pacto de paz por ocho años.
Londoño recordó el martes al gobierno que debe cumplir con «el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política», así como dar «garantías de seguridad a líderes (…) y defensores de derechos humanos», en medio de la ola de violencia contra estos representantes que ha denunciado reiteradamente las FARC.
El conflicto colombiano, en el que también han participado otras guerrillas, paramilitares y agentes estatales, deja al menos 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 7,1 millones de desplazados en medio siglo de enfrentamientos.
(28/06/2017)
