El gobierno de Venezuela advirtió a Estados Unidos que avanzará con la elección de la Asamblea Constituyente, pese a su amenaza de imponer sanciones económicas como parte de una creciente presión internacional que busca obligar al presidente Nicolás Maduro a retirar el proyecto.
«Nada ni nadie podrá detenerla, la Constituyente va. Hoy el pueblo venezolano es libre y responderá unido ante la insolente amenaza planteada por un imperio xenófobo y racista», afirmó el canciller venezolano Samuel Moncada, en una declaración pública.
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el lunes que «tomará rápidas y fuertes medidas económicas» si Maduro persiste en celebrar, el 30 de julio, la elección de la Constituyente, que la oposición considera un «fraude» del chavismo para perpetuarse en el poder y hacer de Venezuela «otra Cuba».
«Estados Unidos no se quedará pasivo mientras Venezuela se desmorona», afirmó Trump en una nota oficial, sin detallar el alcance de las medidas.
Según el mandatario norteamericano, pese a que 7,6 millones de venezolanos votaron contra la Constituyente el domingo en un plebiscito simbólico organizado por la oposición, esas acciones son «ignoradas por un mal líder que sueña con convertirse en un dictador».
El país petrolero, hundido en una profunda crisis económica por la caída de los precios del crudo, exporta a Estados Unidos unos 800.000 barriles diarios (bpd), de una producción reportada por la estatal PDVSA de 1.972.000 bpd.
Además de la escasez de alimentos y medicinas y una descontrolada inflación, Venezuela vive desde hace casi cuatro meses protestas que dejan 96 muertos, con las que la oposición rechaza la Constituyente y exige la salida del poder de Maduro.
Cerco internacional
El cerco internacional se extiende. Además de Estados Unidos, la Unión Europea (UE), el secretario general de la la OEA, Luis Almagro, y los gobiernos de España, Alemania, Canadá, Brasil, Argentina, México, Colombia, Perú y Panamá pidieron a Maduro retirar su proyecto.
El mandatario rechazó esos llamados y tildó de «insolente» a la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, quien no descartó sanciones.
«La presión internacional por sí sola no va a lograr algo crucial, pero sí podría facilitar el desenlace de la crisis», pues la Constituyente trae «costos para los intereses económicos y políticos del gobierno», reduce su margen de acción, comentó a AFP Mariano De Alba, experto en asuntos internacionales.
Según el analista, es posible que «las amenazas de la comunidad internacional convenzan al menos a ciertos grupos que sostienen al régimen de que lo más conveniente es buscar una salida negociada, pues ello sería mejor que perder abruptamente el control del país».
Moncada aseguró que con sus amenazas Estados Unidos «cava» un «foso» en sus relaciones con Venezuela -ambos países sin embajadores desde 2010-, y agregó que, por orden de Maduro, hará una revisión profunda de los vínculos. «No aceptamos humillaciones de nadie», manifestó.
El canciller anunció que Venezuela declaró personas no gratas a los expresidentes Vicente Fox (México), Jorge Quiroga (Bolivia), Andrés Pastrana (Colombia), Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), observadores del plebiscito y quienes abogaron por una mayor presión internacional para detener la Constituyente.
«Paralización total»
Alentada por el plebiscito, la oposición anunció el lunes el inicio de la «hora cero», una estrategia que combina la escalada de protestas y la conformación de poderes estatales paralelos a los que asegura están al servicio del gobierno.
Este martes, el Parlamento de mayoría opositora inició el trámite para la designación de nuevos magistrados del máximo tribunal.
Como preámbulo de la «escalada definitiva la próxima semana», la oposición convocó a un paro cívico el jueves, para el cual llamó a empresarios, comerciantes y transportistas a suspender actividades, y a la gente a no salir a trabajar ni hacer diligencias. «Significa la paralización total. Todos los ciudadanos tenemos el deber de presionar por la restitución del orden constitucional. El mensaje es que este país no va a tolerar un fraude constituyente», aseguró este martes el dirigente opositor Freddy Guevara.
Maduro, que consideró «ilegal» el plebiscito por no haber tenido aval del poder electoral -acusado de oficialista- asegura que la oposición busca derrocarlo con el apoyo de Estados Unidos, que según dice financia las protestas.
Maduro ha pedido una oportunidad para su Constituyente, un «suprapoder» que regirá al país por tiempo indefinido, bajo la promesa de que traerá la paz y la recuperación económica.
(18/07/2017)
