Estados Unidos no pudo condenar a Al Capone por crímenes de sangre, sino por evasión de impuestos. El mismo método, de atrápalo como puedas, usan ahora las autoridades estadounidenses para cazar a los capos de Latinoamérica acusados de tortura y otros crímenes de guerra.
«Lo llamamos el ‘método Al Capone’. Cuando tenemos un caso y no podemos interponer cargos por tortura o genocidio, entonces miramos qué otras evidencias podemos usar», dijo a Efe una de las fiscales de la unidad que investiga crímenes de guerra dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Tratan de perseguir a los violadores de Derechos Humanos por la vía penal, acusándolos de genocidio, torturas o ejecuciones extrajudiciales. Pero, cuando no es posible, acuden a las férreas leyes migratorias para averiguar si cometieron alguna infracción al entrar a Estados Unidos.
«Tomamos lo que podamos encontrar, por supuesto cumpliendo con los límites. Tratamos de pensar de manera creativa», dijo la fiscal, que habló bajo la condición de que no se revelara su nombre.
Con esa creatividad, la fiscal y su equipo consiguieron, por ejemplo, llevar ante la Justicia al excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano, que está a la espera de ser extraditado a España por el asesinato de cinco jesuitas españoles durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992).
Las autoridades detectaron que Montano había mentido en sus formularios migratorios para entrar a Estados Unidos, al alegar que no había sido nunca acusado de crímenes de guerra.
Lo condenaron a 21 meses de cárcel y, en febrero de 2016, una jueza de EEUU aprobó la extradición a España. Ese gesto hizo temblar los cimientos judiciales de El Salvador: la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló la Ley de Amnistía de 1993 que había impedido juzgar a militares, como Montano, por crímenes de guerra.
«Es tremendamente importante que exista un reconocimiento a las víctimas. Es seguido muy de cerca por el país de origen, nos observan y pueden llegar a pensar: ‘si EEUU puede perseguir a los criminales de guerra, ¿por qué no puede hacerlo El Salvador?'», destacó la fiscal.
Entre los procesados mediante las leyes migratorias de EEUU también figuran los guatemaltecos Gilberto Jordán y Jorge Vinicio Sosa Orantes, acusados de participar en la matanza de Dos Erres en Guatemala y condenados, cada uno, a diez años de cárcel por mentir en los formularios para obtener la ciudadanía estadounidense.
Esos formularios migratorios incluyen preguntas como: «¿ha participado usted en ejecuciones extrajudiciales?» o «¿ha sido alguna vez acusado de genocidio?». Los criminales marcan automáticamente el «no» y, entonces, si Estados Unidos les pilla, pueden ser condenados por perjurio.
El equipo encargado de investigar crímenes de guerra, creado en 2008, está integrado por fiscales e historiadores, que dentro y fuera de EEUU identifican, localizan y procesan a los criminales para que sean condenados en territorio estadounidense o sean extraditados a sus países de origen.
«Nuestra misión es asegurarnos de que Estados Unidos no se convierte en un paraíso seguro para los violadores de Derechos Humanos», enunció la fiscal.
La mayoría de los criminales son procesados mediante leyes migratorias porque el sistema de justicia internacional de Estados Unidos es un poco débil y solo permite juzgar delitos de genocidio, tortura, reclutamiento de niños soldados o crímenes de guerra cometidos hace 20 o 30 años.
Existe solo un caso de condena por tortura. Es el de Charles Taylor Junior, conocido familiarmente por «Chucky» e hijo del expresidente de Liberia Charles Taylor (1997-2003).
Nacido en Boston, «Chucky» Taylor Junior recibió en 2009 en Miami (Florida) una condena de 97 años de cárcel por torturas durante la guerra civil de Sierra Leona (1991-2002).
Pudo ser sentenciado en EEUU porque los crímenes eran recientes y porque Taylor Junior es ciudadano estadounidense, lo que permite a la Justicia tratar sobre crímenes cometidos fuera de las fronteras del país.
«Fue una gran investigación, una gran cantidad de testigos fueron traídos hasta aquí, pero valió la pena; fue condenado a 97 años de prisión», narró la fiscal, que participó en las pesquisas.
Taylor Junior ha sido el único criminal de guerra procesado por la vía penal. Pero, desde 2004, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha arrestado en EEUU a 275 individuos relacionados con violaciones de Derechos Humanos y otros 590 han sido expulsados a sus países de origen para responder allí ante la Justicia.
Además, actualmente, las autoridades investigan 1.900 pistas relacionadas con nacionales de 96 países diferentes. (23/07/2017)
