El presidente brasileño, Michel Temer, se concentrará desde hoy en la aprobación de una polémica e impopular reforma de la ley de jubilaciones que no convence al mismo Congreso que este miércoles negó que sea enjuiciado por corrupción.
«La próxima batalla será la reforma del régimen de jubilaciones», dijo hoy el ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, considerado como la «mano derecha» de Temer, un día después de que la Cámara de Diputados le negó a la Corte Suprema la autorización necesaria para sentar al mandatario en el banquillo de los acusados.
Si los diputados hubieran avalado la denuncia por corrupción que presentó la Fiscalía, Temer habría sido suspendido durante los 180 días que duraría el juicio y destituido si fuera hallado culpable, lo que para muchos analistas habría sembrado aún más incertidumbre en un Brasil sumergido en una severa crisis política y económica.
Padilha dijo a periodistas que los 263 votos que rechazaron la denuncia contra Temer, frente a los 227 que se inclinaron en favor de procesar al mandatario, fueron una «demostración de fuerza del Gobierno» y también de apoyo a sus políticas.
De hecho, y aunque algunos diputados de la base oficialista se pronunciaron por dar curso a la denuncia contra Temer, muchos de ellos aclararon al votar que, si bien avalaban una investigación al presidente, eso no suponía un rechazo a sus reformas.
Temer asumió la Presidencia en mayo del año pasado, cuando comenzó el juicio político que condujo a la destitución de Dilma Rousseff por irregulares fiscales, e impuso una conservadora agenda que ha sido resistida por sindicatos, movimientos sociales y una izquierda que está de capa caída desde que fue desalojada del poder.
Las principales reformas ya aprobadas reducen a mínimos el gasto público durante las próximas dos décadas y flexibilizan las leyes laborales, pero según el Gobierno es necesario complementarlas con un proyecto que propone endurecer el acceso al deficitario sistema de jubilación, a fin de recuperar el equilibrio fiscal perdido.
La votación de este miércoles, si bien impidió que Temer vaya a juicio, dejó algunas dudas en el Gobierno, ya que los 263 votos que respaldaron al mandatario son insuficientes para aprobar la reforma de las jubilaciones, que requerirá el apoyo de 308 diputados.
El mayor obstáculo político de esa reforma es su impopularidad, un factor que preocupa a muchos legisladores sobre todo de cara a las elecciones parlamentarias que serán celebradas el año próximo junto con las presidenciales.
Según Padilha, aunque el Ejecutivo tiene prisa con ese asunto, la primera prioridad será «reagrupar a la base parlamentaria» una vez pasada la página de la denuncia que amenazaba a Temer.
El frente de mayor conflicto parece estar en el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que integra el arco oficialista, cuenta con cuatro de los 28 ministros del Gobierno y representa la cuarta minoría en la Cámara baja, con 47 diputados.
Sin embargo, de esos legisladores, 22 votaron por rechazar la denuncia contra Temer, 21 la respaldaron y cuatro no asistieron a la sesión de este miércoles.
Algunos de los partidos de menor peso que integran la coalición gobernante han insinuado que Temer debería darle un mayor espacio en el poder a aquellas formaciones que han sido realmente «fieles» cuando se les precisó, como ocurrió este miércoles.
Uno de ellos es el Partido Social Democrático (PSD), que ocupa un ministerio pero ahora aspira a desplazar al PMDB al menos de otro, a cambio del pleno apoyo dado a Temer por sus 37 diputados.
Otra formación que ha presentado sus credenciales para ampliar sus espacios en el Gobierno es el partido Demócratas (DEM), que como el PSD también ocupa sólo un ministerio y fue fundamental para el rechazo a la denuncia por corrupción contra el mandatario.
La principal figura del DEM es Rodrigo Maia, jefe de la Cámara baja y quien abiertamente articuló fuerzas en favor de Temer, pese a que habría pasado a ocupar la Presidencia si el mandatario hubiera sido suspendido para responder a un juicio penal. (03/08/2017)
