El presidente brasileño, Michel Temer, se libró hoy del juicio penal que amenazaba su mandato con la fuerza que conserva su menguada base política, que se impuso en la Cámara baja para archivar los cargos de corrupción que formuló la Fiscalía.
Por imperativos constitucionales, la Cámara de Diputados es la responsable de autorizar a la Corte Suprema la apertura de un juicio penal a un gobernante, pero el oficialismo alcanzó hoy 263 votos en el pleno de ese órgano legislativo y negó que el proceso siga adelante.
La oposición, que en su totalidad se volcó a favor del juicio, precisaba alcanzar una mayoría calificada de dos tercios (342 de los 513 diputados) para darle curso a la acusación, pero se quedó en 227 votos.
«La Cámara de Diputados, que representa al pueblo brasileño, se manifestó hoy de forma clara e incontestable», declaró Temer en un breve pronunciamiento una vez concluida la votación.
El gobernante agregó que «la decisión soberana del Parlamento no es una victoria personal», sino que representa «una conquista del estado democrático de derecho, de la fuerza de las instituciones y la propia Constitución».
El debate previo a la votación dejó de lado lo jurídico, tuvo un tono netamente político y la gran mayoría de los diputados que se pronunció por archivar la denuncia se escudó en la «necesidad» de que Temer continúe en el Gobierno para garantizar la continuidad de la ligera recuperación económica que vive el país.
Muchos de los diputados dijeron votar por las reformas económicas que ha impulsado Temer, pero una de ellas, que propone endurecer las normas para la jubilación, aún debe pasar por el Congreso y para que sea aprobada se requiere una mayoría de tres quintos (308 votos), que el Gobierno no alcanzó hoy.
Si bien el resultado en la Cámara baja salva el mandato de Temer, contraría a unas recientes encuestas de opinión, las cuales señalan que el gobernante tiene el apoyo de un escaso 5 % de la población y que un 81 % creía que debía ser enjuiciado por presunta corrupción.
El proceso contra Temer, sin embargo, podrá ser retomado una vez que deje el poder, lo cual está previsto para el 1 de enero de 2019, cuando deberá asumir el ganador de las elecciones que se celebrarán en octubre del próximo año.
Temer, siendo vicepresidente, asumió la Presidencia de Brasil en mayo de 2016 en forma interina y fue confirmado en el cargo el 31 de agosto de ese mismo año, cuando la entonces mandataria, Dilma Rousseff, fue destituida por irregulares manejos de los presupuestos.
Si la denuncia era acogida, el mandatario habría sido suspendido de sus funciones durante los 180 días que habría durado el proceso y, como Rousseff, destituido si se le hallaba culpable, con lo que Brasil hubiera perdido a dos presidentes en menos de un año.
Las acusaciones formuladas por la Fiscalía se fundamentan en testimonios de directivos del grupo cárnico JBS, que han confesado a la Justicia que sobornaban a Temer a cambio de «favores políticos» desde 2010 y que incluso lo hicieron una vez que asumió el poder.
Lo más comprometedor es una grabación hecha por el dueño de JBS, Joesley Batista, de una conversación que tuvo con Temer en abril pasado en la residencia oficial de la Presidencia, en la que narra maniobras ilegales que hacía en favor de su grupo ante el Gobierno y algunos jueces frente al silencio o la complacencia del mandatario.
Según la Fiscalía y la minoritaria oposición, esa audio bastaba para comprobar que Temer incurrió al menos en corrupción pasiva y que incluso pudiera ser acusado de obstrucción a la justicia y asociación ilícita, por lo cual aún se le investiga.
Si hubiera nuevas denuncias, el Supremo deberá remitir el caso otra vez a la Cámara baja, para que repita todo el proceso concluido hoy con la votación que negó la posibilidad de que el mandatario sea procesado, al menos mientras permanezca en el poder. (02/08/2017)
