El presidente venezolano, Nicolás Maduro, instala este viernes su Asamblea Constituyente, pese a las dudas sobre la transparencia de su elección, el amplio rechazo internacional y las protestas opositoras que denuncian el fin de la democracia en Venezuela.
Dotados de poderes ilimitados por tiempo indefinido, más de 500 asambleístas afines al gobierno comenzarán a sesionar en el salón elíptico del Palacio Legislativo, en cuyo hemiciclo debate el Parlamento de mayoría opositora.
La instalación, prevista para las 11.00 locales (11.30 de Bolivia), se realizará bajo alta tensión: seguidores del gobierno y opositores marcharán en Caracas, lo que hace temer nuevos brotes de violencia.
«Que no haya provocaciones, ni se caiga en provocaciones», pidió Maduro la noche del jueves, al asegurar que todo estaba listo para el inicio de funciones de la ultrapoderosa Constituyente.
Se abre para Venezuela una nueva etapa simbolizada en el regreso, al Palacio Legislativo, de los retratos del fallecido presidente socialista Hugo Chávez (1999-2013), que sacó la oposición cuando tomó el control del Parlamento en enero de 2016.
Con medidas de mayor control y profundización del socialismo, la nueva Constitución, según Maduro, rescatará la colapsada economía del país petrolero, que asfixia a los venezolanos con una escasez crónica de alimentos y medicinas, y una brutal inflación.
El presidente afirma que también traerá la paz a un país convulsionado por protestas opositoras que dejan unos 125 muertos desde que iniciaron hace cuatro meses para exigir su salida del poder.
«¡Fraude!»
El órgano plenipotenciario, que sustituirá con un nuevo texto la Carta Magna de 1999 impulsada por Chávez, fue elegido el pasado domingo en una violenta votación que investiga la Fiscalía por denuncias de graves anomalías.
Aunque la oposición había cantado «fraude», fue Smartmatic, empresa que dio soporte tecnológico a los comicios, la que desató un escándalo al denunciar, dos días antes de la instalación, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) «manipuló» la cifra de votantes.
Según el CNE, sufragaron ocho millones de electores, un millón más de lo que calcula Smartmatic, en una elección donde la asistencia era clave: La oposición asegura haber logrado 7,6 millones de votos contra la iniciativa en un plebiscito simbólico que realizó el 16 de julio.
La denuncia golpeó aún más la legitimidad de la Constituyente, cuestionada desde un inicio porque Maduro la convocó sin consultar a los venezolanos en referendo y porque su sistema comicial, según los opositores, garantizaba que el gobierno tuviera el control.
Para Maduro, se trata de una campaña «del enemigo internacional». Estados Unidos, la Unión Europea y una decena de países latinoamericanos no reconocen la Constituyente por considerarla una amenaza a la democracia.
Un día después de la elección, el gobierno de Donald Trump impuso sanciones financieras y jurídicas a Maduro, a quien llama «dictador», y la semana pasada hizo lo propio con 13 funcionarios venezolanos, incluida la presidenta del CNE.
«Veremos caer uno por uno a los gobiernos neoliberales de derecha que amenazan a Venezuela, serviles al imperialismo», dijo la víspera Maduro.
La crisis venezolana será tratada por los cancilleres del Mercosur en Sao Paulo o Brasilia el sábado y por ministros del continente en Perú la semana próxima.
«Un salvavidas»
Desde que Maduro la convocó el 1 de mayo, la oposición rechazó participar en la Constituyente, al considerarla un «fraude» con el que Maduro busca evadir elecciones, perpetuarse en el poder e instaurar un régimen comunista.
Un 80% de venezolanos rechaza la gestión de Maduro y 72% su Constituyente, según la encuestadora Datanálisis. Pero el presidente contó con el apoyo de los poderes judicial, electoral y militar para llevar a puerto su proyecto, contra viento y marea.
Pesos pesados del oficialismo capitanean el barco, entre ellos el poderoso dirigente Diosdado Cabello, la primera dama Cilia Flores y la beligerante excanciller Delcy Rodríguez, de entre quienes podría salir el presidente de la Constituyente.
«Más que cambiar la Constitución, el objetivo es gobernar sin límites. Es el mecanismo de autocratización del gobierno, que trata que la Constituyente sea su salvavidas», declaró a la AFP el analista Benigno Alarcón.
El proyecto encendió aún más las protestas y fracturó al chavismo. La fiscal general, Luisa Ortega, confesa chavista, lo considera un «cheque en blanco» para satisfacer una «ambición dictatorial».
La víspera, Ortega pidió a la justicia anular la toma de funciones de los asambleístas, que previsiblemente será desestimado como todos los recursos que presentó contra la Constituyente.
Maduro ha advertido que lo primero que hará la Constituyente será ocuparse de la fiscal y los parlamentarios y dirigentes opositores, desatándose temores a una cacería de brujas.
«Viene un aumento de la conflictividad frente a un proyecto impuesto a la fuerza», aseguró a la AFP la analista Colette Capriles.
Aunque la nueva Carta Magna será sometida a referendo, la Constituyente tomará decisiones de aplicación inmediata. Más incertidumbre se cierne sobre Venezuela.
(04/08/2017)
