A lo largo de todo agosto tiene lugar en Chile un significativo proceso: la denominada Consulta Constituyente Indígena.
Una consulta convocada por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet como parte del proceso constituyente general que en la actualidad vive el país vecino. En la Cuenta Pública del 1 de junio de 2017, informa el sitio www.constituyenteindigena.cl , Bachelet afirmó: “Quiero anunciarles que incluiremos el Reconocimiento Constitucional y la Participación Política Indígena en el proyecto de nueva Constitución que enviaremos el segundo semestre, previa consulta indígena…”
De modo que la consulta a los indígenas es para incorporarlos a la nueva Constitución.
En el referido sitio, creado por el Ministerio de Desarrollo Social de Chile, se detalla que las orientaciones generales de la consulta son: “generar los mecanismos necesarios para lograr la mayor participación de los Pueblos Indígenas; realizar el proceso en el marco de los principios del Convenio 169 (de la OIT); y terminar el proceso oportunamente de tal manera que los acuerdos sean incorporados al proyecto de la nueva Constitución”.
Anotando la diferencia que hay entre la Constitución, las leyes y la políticas públicas, el referido sitio destaca que al final el resultado concreto de la Consulta Constituyente Indígena serán las “medidas” y acciones de política pública que precautelen sus derechos inscritos en la Constitución.
Para el caso, para los pueblos indígenas chilenos, hay dos grandes “medidas”: el reconocimiento constitucional y la participación política.
En lo primero —algo que ya puede resultar familiar al proceso boliviano— se habla, por ejemplo, del reconocimiento a la pre-existencia de los pueblos indígenas en el territorio chileno, a su derecho a conservar su historia, identidad, idioma e instituciones; también se reconocerá la existencia de “territorios especiales indígenas”, los cuales serán demarcados según una específica ley nacional.
En lo relativo a la participación política, la consulta prevé acuerdos para una “participación y representación política especial de los pueblos indígenas en instancias tales como el Congreso Nacional”.
Para 2013, según el Ministerio de Desarrollo Social, la población indígena alcanzaba 1.565.915 personas, esto es, el 9,1% de la población total.
