El juez estadounidense Edwin Torres, que preside en Miami (EEUU) el juicio de extradición contra el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, pospuso para el próximo 31 de agosto su decisión sobre este caso de repatriación del exmandatario, acusado de escuchas ilegales y peculado.
Durante la audiencia, tanto la defensa como la fiscalía evaluaron de nuevo la retroactividad para los cargos de interceptación telefónica y de si se usó dinero público para la compra de equipos de vigilancia para definir si se cometió malversación de fondos.
Martinelli, detenido el pasado 12 de junio en el sur de Florida, donde reside desde 2015, acudió encadenado y con un uniforme de preso a la audiencia, que se prolongó durante dos horas y media.
La defensa del exmandatario considera que Panamá busca la extradición del expresidente por «crímenes retroactivos, no extraditables».
La diferencia reside en que el delito de «interceptación ilegal de comunicaciones» no está incluido en el Tratado de Extradición entre ambos países, que data de 1904, aunque sí hace parte de la «Convención de Budapest», de crímenes cibernéticos, suscrita en 2004.
Según la defensa, el tratado de 1904 descarta la retroactividad para extraditar a alguien y la posterior actualización es un tratado suplementario que no puede ser aplicada retroactivamente.
Por contra, la Fiscalía de EEUU, que en este caso representa al Gobierno de Panamá, considera que los delitos sobre vigilancia sí son extraditables y que Martinelli fue el «jefe» directo de las escuchas ilegales a 150 personas, entre opositores, periodistas y empresarios, ocurridas entre 2012 y comienzos de 2014.
(23/08/2017)
