El Parlamento británico comenzó este jueves a debatir la ley que pondrá fin a la preeminencia de las leyes de la Unión Europea (UE) sobre la legislación nacional del Reino Unido una vez el país abandone de forma efectiva el bloque comunitario.
La conocida como Ley de la Gran Derogación anulará el Acta de Comunidades Europeas de 1972, con la que el Reino Unido accedió a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), y trasladará al mismo tiempo el actual cuerpo legal de la UE al completo a la legislación británica.
Con ese único acto legislativo, el Gobierno de la primera ministra, la conservadora Theresa May, quiere evitar vacíos normativos tras el «brexit», que según el calendario previsto será una realidad el 29 de marzo de 2019.
La ley se someterá el lunes a una primera votación en la Cámara de los Comunes y deberá superar después diversas fases en la cámara baja antes de avanzar hacia la Cámara de los Lores, un procedimiento que el Gobierno británico quiere acelerar estableciendo límites temporales al debate.
La primera ministra perdió la mayoría absoluta en unas elecciones anticipadas el pasado junio, pero espera aprobar la ley con el apoyo de los diez diputados del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte.
Las principales formaciones de la oposición se han alineado en contra de la regulación, mientras que diputados conservadores han advertido de que evalúan la posibilidad de presentar sus propias enmiendas en futuras fases de la tramitación, lo que podría suponer una dificultad añadida para May.
El Partido Laborista se ha mostrado especialmente crítico con los planes del Gobierno para utilizar un antiguo mecanismo legislativo conocido como «poderes de Enrique VIII» a fin de corregir y adaptar al derecho británico ciertos aspectos de la regulación europea.
Los laboristas alertan de que el Gobierno pretende utilizar normas secundarias, que no requieren escrutinio parlamentario, para dar su forma definitiva a las leyes primarias que regirán el país tras el «brexit».
En la primera sesión de debate en los Comunes, el ministro británico para la salida de la UE, David Davis, advirtió hoy a la oposición de que los ciudadanos «no les perdonarán» si intentan «retrasar o destruir» el proceso de abandonar el bloque comunitario.
«No podemos esperar a que terminen las negociaciones (con Bruselas) para asegurarnos de que habrá certidumbre legal y continuidad el día de nuestra salida», argumentó Davis, para quien oponerse a la ley es «temerario».
El portavoz laborista Keir Starmer sostuvo en cambio que los conservadores intentan «hacer un baipás al Parlamento» para evitar votaciones en aspectos clave del «brexit».
Starmer argumentó que el texto de la Ley de la Gran Derogación permitiría al Ejecutivo implementar los términos del acuerdo de salida del bloque europeo sin consultar con las cámaras.
«Acepto que proponer una delegación de poderes de esta magnitud es inusual, pero abandonar la Unión Europea presenta un conjunto de desafíos singular y requiere una solución pragmática», argumentó el ministro para el «brexit», que aseguró que el Gobierno solo utilizará sus poderes legislativos extraordinarios en correcciones técnicas.
La principal formación de la oposición tampoco está de acuerdo con el calendario acelerado que ha propuesto el Gobierno para tramitar la ley, ni con la cláusula que deja fuera de manera explícita del cuerpo legal británico la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Durante la sesión en los Comunes dedicada a la salida de la UE, Davis aclaró algunos aspectos sobre la posición del Reino Unido en las negociaciones con Bruselas para establecer sus condiciones de salida.
El ministro conservador puntualizó que un acuerdo de transición que mantenga al país en el Espacio Económico Europeo (EEE) durante un periodo de tiempo tras su salida de la UE sería «el peor de los escenarios posibles».
Davis también argumentó en contra de la pertenencia del Reino Unido a la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, en inglés), a la que pertenecen Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza.
«La verdad es, simplemente, que ser miembros de EFTA nos mantendría dentro del acervo (legal europeo) y requeriría mantener la libertad de movimiento» de ciudadanos y trabajadores, sostuvo Davis.
«Lo llegamos a considerar, quizás como medida provisional. Pero sería más complicado que beneficioso», agregó.
El Gobierno de May ya ha indicado que abandonará el mercado común y la unión aduanera comunitaria junto con la UE y ha subrayado que espera llegar a un acuerdo de libre comercio «a medida» con Bruselas.
(07/09/2017)
