La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, acusó hoy «ignorancia y mala intención» en quienes han criticado en su país su nombramiento como integrante de la Junta Asesora de Alto Nivel sobre Mediación de las Naciones Unidas, conocido la semana pasada.
El nombramiento surgió del secretario general de la ONU, António Guterres, lo que originó una serie de críticas e ironías desde la oposición de derecha, donde incluso algunos parlamentarios emplazaron al organismo internacional a dar explicaciones, suponiendo que se trataba de un cargo remunerado.
En una rueda de prensa en Nueva York, en la que hizo también un balance de su participación en el periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, Bachelet aclaró que su nombramiento es ad honorem y voluntario, y no supone un regreso al organismo, donde encabezó ONU Mujeres entre 2010 y 2013.
«Yo creo que hay, primero, desinformación -ignorancia en algunos casos- de cómo funcionan los organismos internacionales, pero en otros casos no es ignorancia, es mala intención», afirmó la mandataria.
«Yo les puedo dar fe a todas las personas de que mi preocupación y mi ocupación, de aquí a marzo de 2018, es ser presidenta de la República todos los días del año, en todos los momentos, y dedicarme exclusivamente a eso», manifestó.
Dirigiéndose a «aquellos que están hablando de salarios y de contratos», subrayó que «eso es falso» y añadió que el cargo no es remunerado ni tampoco la obligará a vivir en Nueva York, como debió hacer cuando ejerció como la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres.
«No se recibe ni un peso, es voluntario y es gratis», remarcó y añadió que la reunión que mantendrá este mismo jueves con António Guterres será como otras anteriores.
«Se miran los temas multilaterales y generalmente se conversa sobre la región, sobre el rol que Chile está jugando, por ejemplo, en las operaciones de paz y en distintas iniciativas», explicó.
En la rueda de prensa, celebrada en el Jardín de las Rosas, de la sede de la ONU, Bachelet se refirió también a su decisión de levantar el secreto de 50 años establecido para los testimonios de víctimas de Pinochet ante la Comisión Valech I, que en 2004 determinó que más de 33.000 chilenos fueron torturados y encarcelados durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Indicó que con ello se está respondiendo a recomendaciones internacionales que piden al Estado de Chile que entregue la información que está en su poder para conocer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura.
La iniciativa abrió en Chile una controversia entre quienes favorecen el fin del secreto y aquellos que se oponen.
«Ahora se nos ha pedido que se le disminuya la urgencia (en la tramitación) y se va a bajar, eso no es un problema, pero nosotros estamos respondiendo con eso a peticiones y recomendaciones que nos han hecho, tanto comisiones internacionales de derechos humanos y también nuestro Instituto de Derechos Humanos», afirmó.
Bachelet evitó pronunciarse sobre su compromiso de cerrar la cárcel de Punta Peuco, construida especialmente para agentes de la dictadura, y el envío de los reclusos a cárceles comunes. «No tengo nada que decir en este momento», señaló.
«Yo he dicho que está en evaluación por el Gobierno y cuando se tome una decisión determinada se informará», añadió. (21/09/2017)
