El presidente del gobierno español Mariano Rajoy pidió este viernes autorización al Senado para tomar una medida sin precedentes en 40 años: la intervención de la autonomía de Cataluña, donde el parlamento regional podría responder con una declaración unilateral de independencia.
El conservador Rajoy se dirigió a la cámara alta, donde tiene mayoría, para pedir poderes extraordinarios y temporales. En virtud de estos, Cataluña perderá cautelarmente su autogobierno, recobrado hace cuatro décadas con el retorno de España a la democracia.
«Este procedimiento se inicia cargado de razones», ante un ejecutivo catalán decidido a la secesión, declaró Rajoy.
El dirigente anunció que quiere poder destituir al presidente independentista catalán, Carles Puigdemont, y a todo su gobierno, lo que provocó una fuerte salva de aplausos.
Igualmente, «la facultad de disolver el Parlamento de Cataluña pasará al presidente, que debe convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses. Ya les adelanto que mi voluntad es celebrarlas lo más pronto posible», añadió Rajoy, en referencia a la principal medida del artículo 155 de la Constitución española que aprobará previsiblemente el Senado.
El desafío independentista cayó en una enorme confusión política en los últimos días.
«Fue él quien eligió que el proceso que establece el artículo 155 de la Constitución continuara adelante. Él y sólo él», clamó Rajoy en alusión al presidente Puigdemont.
Puigdemont acusó el jueves a Rajoy de no haberle dado garantías para desactivar la crisis. Con garantías de que no se aplicaría el 155, Puigdemont aseguró que habría convocado elecciones regionales anticipadas.
«He estado dispuesto a convocar estas elecciones siempre y cuando se dieran unas garantías que permitieran su celebración en absoluta normalidad», aseguró.
En el parlamento catalán, el plenario, que arrancó el jueves, se reanuda a las 12H00 (10H00 GMT), y podría intervenir Puigdemont.
El simbólico «choque de trenes» de ambas cámaras coincidiría durante la jornada.
Puigdemont debilitado
Debilitado por las presiones de todos los lados, Puigdemont, de 54 años, un exalcalde de arraigadas convicciones independentistas, prefirió devolver la palabra al parlamento catalán.
Según Puigdemont, el parlamento, de mayoría separatista, es el «depositario» del resultado del referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por la justicia y en el que no hubo las garantías habituales, ya que entre otras cosas no fue supervisado por una junta electoral independiente ni se aseguró el voto secreto.
Pese a ello, el gobierno regional lo da por válido, asegurando que hubo un 90% de síes a la secesión y una participación del 43%, en una Cataluña profundamente dividida en cuanto al proyecto independentista.
Tras la consulta, Puigdemont dijo en el parlamento que el «mandato popular» era claro: aprobar la independencia. Luego suspendió esa declaración, para intentar negociar sus términos con Madrid.
Por su parte, el gobierno de Rajoy logró el consenso con la mayoría de la oposición (socialistas y liberales) para atajar ese desafío mediante el artículo 155.
Las autoridades catalanas invocan el derecho a la autodeterminación, contemplado en la ONU, y el gobierno central recuerda que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y no en una parte del mismo.
Rajoy ha ganado claramente el apoyo internacional, mientras que Puigdemont cuenta con una poderosa capacidad de movilización en las calles.
Hasta ahora esas movilizaciones han sido pacíficas. El gobierno central tiene por su parte a miles de policías desplazados en territorio catalán.
Momentos de dramatismo
Cataluña representa casi el 20% del PIB español. Con 7,5 millones de habitantes, es uno de los motores económicos de España. Pero más de 1.500 empresas ya han decidido mudar su sede social de la región ante la inseguridad jurídica.
Entre los planes del gobierno central, si son aprobados por el Senado, está convocar elecciones en menos de seis meses.
Esas elecciones no arrojarían un resultado muy diferente del actual, predicen las encuestas, aunque es una incógnita el desgaste que puede provocar en las fuerzas nacionalistas la agonía política de las últimas semanas.
Fuentes gubernamentales de ambos lados confirmaron a la AFP que hubo mediaciones de actores políticos y empresarios hasta el último minuto.
La aplicación del artículo 155 es además un desafío porque implica gestionar a más de 200.000 funcionarios catalanes.
Asociaciones independentistas ya han anunciado un boicoteo a ese control por parte de Madrid, y la extrema izquierda está dispuesta a movilizarse.
En medio quedan los catalanes que no quieren ni la independencia ni la intervención.
«Siempre dividirnos y fragmentarnos nos debilita, y siempre a los más fuertes les es más fácil imponernos sus medidas» declaró a la AFP Núria Suárez, portavoz de la asociación de izquierdas Recortes Cero, a la salida del parlamento.
(27/10/2017)
