Un tribunal peruano decidió que una investigación que se sigue contra la líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su esposo, el norteamericano Mark Vito, se mantenga en el marco de la Ley de Crimen Organizado, informaron hoy medios locales.
Esa ley establece que promover, organizar, constituir o integrar una organización criminal de tres o más personas es considerado un agravante en un grupo de delitos, entre ellos el lavado de activos.
La decisión fue tomada por la Sala Penal de Apelaciones, que admitió una apelación de la Fiscalía de Lavado de Activos después de que la jueza Catalina Pérez señalara que el Ministerio Público no había podido demostrar el presunto vínculo de Fujimori y Vito con una organización criminal.
En la nueva resolución, publicada por el diario Perú21, la sala de apelaciones consideró que «no será necesario acreditar en detalle las funciones específicas» de los miembros de la supuesta organización criminal, sino solo las «funciones en general».
Agregó que es competencia de la jueza Pérez revisar el caso, pues «se trataría de presunta organización criminal», por lo que declaró nula su decisión anterior y dispuso que se pronuncie sobre el pedido del fiscal José Domingo Peréz para que se levante el secreto bancario, tributario y bursátil de Fujimori.
Pérez decidió el pasado 28 de septiembre adecuar a la Ley de Crimen Organizado y al Nuevo Código Procesal Penal peruano las investigaciones que sigue contra Fujimori y Vito por las denuncias sobre presuntos aportes irregulares a la campaña presidencial de la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
El fiscal Pérez ha solicitado «vía cooperación judicial internacional, recabar información sobre la sociedad LVF Liberty Institute», una organización con sede en Estados Unidos que supuestamente transfirió 65.000 dólares al partido fujimorista Fuerza Popular en 2015.
El diario La República reveló en febrero de 2016 que LVF Liberty Institute, cuyo apoderado es el peruano Juan Carlos Luna Frisancho, transfirió ese dinero a Fuerza Popular y desde entonces «no consignó ningún otro movimiento bancario».
El Fiscal de la Nación (general), Pablo Sánchez, también confirm a fines de agosto que una nota hallada en el teléfono móvil del encarcelado empresario brasileño Marcelo Odebrecht con el mensaje «Aumentar Keiko a 500 e eu fazer visita» (Aumentar Keiko a 500 y yo voy a hacer visita) estaba en poder de los fiscales peruanos.
Odebrecht pidió al entonces director de su compañía en Perú, Jorge Barata, que aumentara el apoyo a la candidatura de Fujimori durante la campaña presidencial peruana de 2011, según las declaraciones que dio a fiscales peruanos en mayo pasado y que fueron publicadas en julio por la revista Caretas.
Tras conocerse esa información, la líder de Fuerza Popular aseguró que ni ella ni su partido recibieron dinero de Odebrecht y manifestó su intención de colaborar con la Justicia porque, según dijo, tiene la certeza de que el proceso «confirmará» su posición.
Según ha informado el Ministerio Público, la próxima semana el fiscal Pérez entrevistará sobre este caso al encarcelado empresario brasilero Marcelo Obrechecht.
En Perú, el caso Odebrecht se centra en seguir el rastro de los 29 millones de dólares que la compañía brasileña admitió ante la Justicia estadounidense haber pagado en sobornos a funcionarios a cambio de adjudicarse millonarias obras entre 2005 y 2014.
Ese período abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de captura por haber recibido un presunto soborno de 20 millones de dólares; Alan García (2006-2011), incluido en investigaciones por sobornos para el Metro de Lima; y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales. (29/10/2017)
