La Fiscalía General del Estado español presentó este viernes querellas por rebelión, sedición, malversación y otros delitos contra todos los integrantes del destituido gobierno de la región de Cataluña y contra los de la Mesa del Parlamento autonómico por impulsar un proceso independentista.
Además, la Fiscalía solicitó sendas fianzas de 6,2 millones de euros (cerca de 7,2 millones de dólares), tanto en el caso de los anteriores gobernantes regionales como en el de los parlamentarios querellados.
El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, ordenó el viernes el cese del presidente independentista de Cataluña, Carles Puigdemont, y de todo su gabinete, disolvió el Parlamento regional y convocó elecciones autonómicas para el jueves 21 de diciembre amparado en el artículo 155 de la Constitución española.
La decisión se tomó, con autorización del Senado, justo después de que el Parlamento catalán aprobara en votación secreta una resolución cuyo preámbulo declaraba un «Estado independiente en forma de república».
En una comparecencia ante la prensa, el fiscal general, José Manuel Maza, explicó hoy que la querella contra los anteriores gobernantes catalanes se tramitará en la Audiencia Nacional, porque ninguno de ellos dispone ya de fuero jurídico especial tras haber sido destituidos.
Los miembros de la Mesa (órgano de dirección) del Parlamento regional deberán responder ante el Tribunal Supremo, añadió Maza, pues sí cuentan con ese fuero como parlamentarios.
En ambos casos, la Fiscalía demanda que los querellados sean citados urgentemente para prestar declaración «en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares» por la «gravedad» de los delitos imputados. En caso de incomparecencia, se pide la «inmediata detención».
El fiscal general responsabiliza a los anteriores miembros del gobierno catalán de decisiones y actos que han producido una «crisis institucional» que culminó con la «declaración unilateral de independencia» por parte del Parlamento catalán con un «total desprecio» a la Constitución española.
Sobre éstos, la querella argumenta que «sabían que estaban incitando a las muchedumbres para intimidar a los agentes policiales y para que éstos no pudieran hacer efectivo el mandato judicial» de impedir el referéndum ilegal de autodeterminación que habían convocado para el 1 de octubre pasado.
En el caso de la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y el resto de miembros de la Mesa, Maza argumentó que éstos permitieron la tramitación, debate y votación de la declaración de independencia.
El Ministerio Fiscal reclama las medidas cautelares pertinentes para el aseguramiento de las «responsabilidades pecuniarias» en que pudieran incurrir los querellados. De este modo, se plantea la exigencia de fianza y, en su caso, «embargo de bienes».
Las querellas afectan a una veintena de dirigentes del proceso soberanista. De ellos, catorce eran miembros del gobierno cesado incluido el exconsejero regional de Empresa Santi Vila, quien dimitió poco antes de que se votara la declaración de independencia.
Los otros seis son diputados de la cámara legislativa catalana, cinco de ellos miembros de la Diputación Permanente, órgano representativo proporcional de la cámara cuando está cerrada.
(30/10/2017)
