El Senado brasileño debatía este martes un proyecto de ley que para los usuarios de Uber inviabilizará la continuidad de esa aplicación de trasporte privado, denunciada por los sindicatos de taxistas como una competencia desleal.
La discusión de la llamada PLC 28 llevó al presidente ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, a viajar hasta el país sudamericano para reunirse con autoridades locales, como el ministro de Hacienda Henrique Meirelles, para proteger a uno de los principales cinco mercados globales de la empresa que dirige.
Consultado acerca de si había recibido alguna respuesta del gobierno, tras abandonar el ministerio, el ejecutivo respondió escuetamente: «Todavía no».
Mientras los senadores negociaban puertas adentro para llegar a un acuerdo, el Congreso en Brasilia era protegido por un cordón policial y barreras de contención separaban a los grupos de taxistas de los conductores de aplicaciones de transporte como Uber, 99 y Cabify.
Las diferencias entre las posiciones de los partidos creaba incertidumbre acerca de si el Senado podría concluir la votación de un proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.
«Ese tema es importante, pero no tiene plazo para ser votado», dijo el presidente del Senado, Eunício Oliveira.
La iniciativa pretende endurecer las reglas para el transporte por aplicaciones de celular, exigiéndoles una autorización y una licencia especial de parte de la administración pública local, entre otras disposiciones que lo acercan a un servicio público.
Medio millón de taxis
El CEO de Uber dijo en una entrevista publicada por el diario O Estado de Sao Paulo que el proyecto tiene «potencial para restringir el trabajo de los 500.000 choferes de Uber».
«Eso va a hacer caer nuestro número de conductores drásticamente y llevará a Brasil a la realidad que tenía diez años atrás, cuando solo existían los taxis», agregó.
El senador Lindbergh Farias, del izquierdista Partido de los Trabajadores, autor de la iniciativa en la Cámara baja, criticó a la plataforma por cobrar una tasa muy elevada a los conductores y pidió avanzar con la votación: «Este proyecto no termina con Uber».
Su colega de bancada, Gleisi Hoffmann, pidió bajar esa tasa del 25% al 10% y eliminar la obligación de la licencia especial para las aplicaciones. Instó además a que el Senado negocie un acuerdo con la Cámara baja para que el proyecto vuelva allí y sea tratado en forma urgente, con esas modificaciones. En las calles, los choferes del las plataformas mostraban preocupación.
«Las aplicaciones van a dejar de ser viables tal como existen hoy. Quieren que los vehículos dejen de ser particulares y se conviertan en taxis», dijo a la AFP Cleber André, de 36 años, que trabaja para Uber a tiempo completo.
«Cada municipio podrá decidir cuántas licencias libera. Quedaríamos en las manos de los gobiernos locales que podrían limitar el cupo a mil licencias, o cien o diez», añadió.
Los vehículos particulares que pasaban por el lugar tocaban sus bocinas para manifestar su apoyo o su rechazo a los manifestantes en pugna.
Para Marcos Gomes, taxista de Sao Paulo, de 41 años, Uber simplemente quiere evitar ser regulado, desconociendo que su irrupción en el mercado de servicios de transporte puso en riesgo los ingresos de muchos trabajadores.
«La intención de Uber es venir y sacar a los taxis del mercado para tener el monopolio del mercado y estamos luchando para salvar nuestra profesión», dijo. (31/10/2017)
