Un tribunal de casación argentino ratificó este jueves el procesamiento y embargo a la expresidenta y senadora electa Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en una causa en la que se investiga si en su Gobierno se favoreció con la concesión de obra púbica al empresario Lázaro Báez, cercano a los Kirchner.
Según informaron fuentes judiciales, queda así habilitada la vía para la realización del juicio oral y público.
En concreto, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación ratificó este jueves el proceso penal abierto contra ella y Báez, entre otros, en diciembre de 2016, así como un embargo por 10.000 millones de pesos (569,5 millones de dólares).
De este modo, el tribunal no hizo lugar a tres recursos de quejas, dos presentados por la defensa del empresario contra las decisiones de otra Cámara que ya había confirmado el procesamiento y la presentada por la defensa de la expresidenta contra su procesamiento.
Según señaló el Centro de Información Judicial (CIJ), en la causa se investiga una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación de la mayor parte de las obras viales de la sureña provincia de Santa Cruz a favor de Lázaro Báez por más de 46 mil millones de pesos (2.619 millones de dólares).
El magistrado federal Julián Ercolini, quien procesó el año pasado a Fernández, consideró que «se encuentra acreditado» que la exmandataria y el resto de imputados integraron una asociación «destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial», en principio, en Santa Cruz.
Ercolini acusó a Fernández de ser «coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública».
En opinión del juez, la exjefa de Estado «habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado que estaban bajo la órbita de su responsabilidad.
En este proceso también se encuentran procesados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, detenido la pasada semana por otras causas por presunta corrupción, y el exsecretario de Obras Públicas José López, quien está en prisión desde que en junio de 2016 fue sorprendido cuando trataba de esconder casi 9 millones de dólares en un convento.
También Báez, empresario cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), está ya detenido por otra causa por presunto lavado de dinero.
El expediente ratificado hoy fue abierto tras una denuncia formulada en 2008 por, entre otros, la diputada oficialista Elisa Carrió -entonces opositora-.
Al ser consultada a mediados de septiembre pasado sobre la causa, Cristina Fernández comentó que «hay un manejo descarado del Poder Judicial» para perseguirla.
«Creo que hay una visión de, según quien sea el procesado o el acusado, se toma una decisión a favor y en contra. Están utilizando la Justicia, que está muy desprestigiada», dijo la ex jefa de Estado en una entrevista concedida al portal Infobae.
Fernández, que al ser elegida senadora obtiene fueros por lo que no podrá ser detenida, tiene abiertos tres procesamientos judiciales por hechos ocurridos durante su mandato como presidenta.
Uno por supuestas irregularidades en contratos de futuros de dólar por parte del Banco Central y otros dos por presunta asociación ilícita para lavar dinero a través de la concesión de contratos de obra pública.
(02/11/2017)
