La juez de la Audiencia Nacional de España Carmen Lamela ordenó hoy la detención del expresidente del Gobierno regional catalán Carles Puigdemont y de los cuatro exconsejeros que viajaron con él a Bélgica y que no acudieron el jueves a su citación como investigados por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
Siguiendo la petición de la Fiscalía, la magistrada emitió sendas órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) contra Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) y las dirigió expresamente a las autoridades judiciales de Bélgica.
La juez cursó euroórdenes por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, y también dictó busca y captura nacional e internacional para cada uno de ellos.
Además, rechazó la petición formulada por Puigdemont y los exconsejeros de prestar declaración por videoconferencia porque, según explica en sus resoluciones, no concurren ninguno de los casos para autorizar esta medida.
La orden de detención llega 24 horas después del ingreso en prisión del exvicepresidente regional Oriol Junqueras y de otros siete exconsejeros, acusados de los mismos delitos, una decisión que golpeó fuertemente en los sectores independentistas que denunciaron la politización de la Justicia.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy, por medio del ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, subrayó por su parte que en España existe la división de poderes, y situó la resolución judicial dentro de un ámbito «independiente y autónomo».
Méndez de Vigo compareció en rueda de prensa al término de la reunión del Consejo de Ministros, en el que se establecieron las bases de las elecciones autonómicas catalanas del 21 de diembre que, según afirmó, «se ajustarán a la legalidad».
Puigdemont aseguró este jueves que la entrada en prisión de los miembros de su gabinete representaba «un golpe» contra esos comicios, que se desarrollarán, a su juicio, «en un clima sin precedentes en la Europa del siglo XXI».
Además, en una entrevista grabada hoy en la televisión pública francófona RTBF, aseguró que está «dispuesto a ser candidato» a las elecciones «incluso desde el extranjero».
En ese sentido, Méndez de Vigo recordó que mientras que no exista una condena firme que lleve aparejada la inhabilitación, todo el que esté en posesión de sus derechos civiles y políticos y puede concurrir a unos comicios.
«Todas las fuerzas políticas en Cataluña han dicho que van a participar en las elecciones y a mí me parece que esa es una buena noticia, porque son los catalanes los que tienen que juzgar lo que ha pasado todos estos años y el callejón sin salida al que les llevó el Gobierno anterior», añadió.
También se refirió a las consecuencias económicas de la crisis política en Cataluña y recordó que, en octubre, la cifra de parados en esa región española aumentó en 14.698 personas, un 3,6 % más interanual.
Así mismo aludió a al impacto negativo en la hostelería, reflejado hoy en un sondeo elaborado por el ministerio de Energía y Turismo, en el que el 56,9 % de los hoteles encuestados afirman verse afectados por la situación actual, frente al 48 % de la semana posterior a los atentados del 17 de agosto en Barcelona (noreste).
La capital catalana volvió a acoger hoy nuevas concentraciones para exigir la libertad de los miembros del Gobierno autonómico cesado, así como de los líderes de las dos principales organizaciones independentistas, Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixat, en prisión desde el 16 de octubre acusados de secesión.
Un tribunal de la Audiencia Nacional resolvió hoy mantenerlos en prisión, a pesar de que las defensas habían solicitado su puesta en libertad alegando que ya no existe el riesgo de reincidencia, tras la proclamación de la independencia unilateral de Cataluña y la puesta en marcha de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno español para devolver a esa comunidad autónoma a la legalidad.
Hoy salió en libertad, después de pasar una noche en la cárcel, el exconsejero del Gobierno catalán cesado Santi Vila (quien dimitió antes de que el Parlamento regional declarase unilateralmente la independencia), tras depositar la fianza de 50.000 euros que le impuso el jueves la juez que investiga posibles delitos de los responsables del proceso independentista.
Tras su salida de prisión, Vila pidió a Rajoy que tome medidas para buscar una solución al problema catalán porque solo puede resolverse desde la política y no desde los tribunales. (3/11/2017)
