La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj) aprobó hoy la excarcelación de su presidente y otros dos diputados investigados por integrar una colosal trama de corrupción, en una polémica decisión que sectores críticos ven como una vía para que políticos con apoyos eludan a la Justicia.
Un tribunal federal encarceló esta semana al presidente de la Asamblea, Jorge Picciani, -poderoso dirigente del estado de Río, seis veces titular de la Alerj y padre del actual ministro de Transportes, Leonardo Picciani- y a otros dos significados legisladores, Paulo Melo y Edson Albertassi.
Los tres, del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del presidente Michel Temer, están acusados de corrupción, asociación criminal, lavado de dinero y evasión.
El pleno de la Asamblea aprobó, por abrumadora mayoría durante una sesión extraordinaria, excarcelarlos siguiendo una doctrina que estrenó Brasilia hace un mes, cuando en virtud de una decisión del Tribunal Supremo, el Parlamento permitió que Aécio Neves, apartado del poder por corrupción, reasumiera sus actividades parlamentarias.
La llamada «doctrina Aécio» abre la puerta a la inmunidad de los políticos acusados de corrupción porque permite que los parlamentares -tanto nacional como locales- liberen a sus legisladores presos siempre que no hayan sido sorprendidos «en flagrante», es decir plena comisión del delito.
En el caso de Río, según la Fiscalía, los tres «rescatados» hoy de prisión por sus pares en la Asamblea integran una poderosa y compleja red de desvíos de fondos del transporte público que habría estrenado el exgobernador de Río Sergio Cabral.
El exgobernador, también del PMDB, habría tejido la trama en la década de los años 90, cuando era el presidente de la Asamblea, y posteriormente fue reemplazado en el comando por Picciani.
Uno de los salpicados en la operación, Edson Albertassi, líder del gobierno regional en la Asamblea, fue postulado por el actual gobernador Luiz Fernando Pezão para el Tribunal de Cuentas del estado de Río.
Durante el debate que se desarrolló en el pleno de la Asamblea de Río, André Lazaroni, secretario del actual gobernador, admitió que «este país no tiene santos. Si fuésemos santos no estaríamos aquí», dijo.
Mientras los legisladores «rescataban» a sus amigos de prisión, la policía reprimía en las puertas de la Asamblea a cientos de manifestantes que protestaban contra la corrupción y que intentaron acceder al recinto.
La polémica decisión de la Asamblea de Río coincide con una noticia que ha acaparado la atención de los medios brasileños y que ilustra los desequilibrios del país: Un niño de 8 años que acude a un colegio público a 30 kilómetros de su casa cada día, se desmayó por hambre en mitad de la clase.
La Secretaría de Educación del Distrito Federal se apresuró a matizar que tiene planes para dotar de alimentos a las escuelas y levantar colegios en la comunidad del menor, pero no hay presupuesto para hacerlo.
Como dijo hoy el diputado André Lazaroni para justificar su apoyo a las excarcelaciones de sus compañeros salpicados por corrupción: «La Historia nos juzgará». (17/11/2017)
