El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decidió hoy mediante decreto, y sin esperar respuesta del Tribunal Constitucional, la convocatoria de una consulta popular con la que pretende anular la ley de reelección indefinida y decidir sobre otros asuntos de interés nacional.
La consulta, que según los plazos legales definidos hoy debe celebrarse a finales de enero o principios de febrero, estaba pendiente desde principios de octubre de que el Tribunal Constitucional le diera su venia, pero el Gobierno ecuatoriano ha considerado que se ha excedido en los plazos.
«En uso de las atribuciones contempladas en los artículos 147, numeral 14, 441 de la Constitución de la República y 195 de la Ley orgánica electoral y de organizaciones políticas (…) es que el presidente decreta convocar (..) a referendo y consulta para que se pronuncien por las preguntas que estamos entregando», dijo la asesora de la Presidencia Johana Pesántez.
En un rueda de prensa en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pesántez aseguró que la ley establece un plazo de veinte días para que el Tribunal ejerza su derecho de protección de las garantías constitucionales, pero que ese plazo se ha vencido hace ya tiempo.
Legalmente, ahondó, el Gobierno debe entender por «omisión» que el tribunal ha emitido un «dictamen favorable» si a los veinte días de la presentación de la petición no se ha pronunciado.
Y para eludir cualquier tipo de crítica por un presunto «decretazo», recordó el caso en 2011 del cantón de La Concordia (en la provincia de Santo Domingo), donde se celebró una consulta por la misma vía y procedimiento y bajo los mismos argumentos.
La vicepresidenta del país, María Alejandra Vicuña, que también compareció en la rueda de prensa, valoró que se trata de «una respuesta responsable del presidente en relación a una exigencia ciudadana, que a lo largo y ancho del país ha exhortado que la Corte Constitucional se pronuncie con una celeridad que lamentablemente no ha sido cumplida».
En 2011 el presidente de Ecuador era Rafael Correa, hoy acérrimo rival de Moreno y quien apenas dos horas antes calificaba de «golpe de estado» su intención de llevar adelante esa consulta y anular, entre otras, la ley de reelección indefinida.
A juicio de Correa, que hoy compareció en Quito en un encuentro con periodistas ecuatorianos, la consulta está destinada a buscar «legitimidad política y capital político» y cree que Moreno está «aniquilando el país en el mediano plazo como hace 20 años».
Viéndose directamente perjudicado, consideró que la consulta contraviene la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, y valoró que todo es una maniobra de su sucesor -y oficialmente aún correligionario- para que él no regrese al ejercicio político.
Correa llegó el sábado a Ecuador para reunirse con las bases del partido y participar el domingo en una disputada Convención Nacional del movimiento Alianza País, ante la grave crisis que divide a correístas y morenistas.
El actual presidente ecuatoriano, que en las últimas dos semanas había insistido ante el Constitucional para que diera luz verde a la consulta, señaló hoy en su cuenta de Twitter que le ampara «el Art.
05 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional». «He enviado al CNE los Decretos Ejecutivos 229 y 230 convocando a la consulta popular», adelantó Moreno antes de que Pesántez entregara a mediodía los documentos en al secretario del CNE, Fausto Holguín, quien diligentemente le colocó ante las cámaras los sellos pertinentes con la fecha del día de hoy.
Ese Consejo tiene de plazo 15 días para poner fecha a la consulta, que deberá celebrarse no más allá de los 60 días a partir de los decretos. Según estos plazos, debería celebrarse a finales de enero o principios de febrero.
En la consulta, el Gobierno también preguntará a los ciudadanos sobre cuestiones medioambientales, la no prescripción de delitos sexuales contra menores y la anulación o enmienda de varias leyes aprobadas por el anterior Ejecutivo, algunas también mediante plebiscito y que fueron emblema del correísmo.
Entre ellas está la Ley de Plusvalía -para frenar la especulación pero que ha paralizado al sector inmobiliario- o la de reorganizar el polémico Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) creado por Correa. (29/11/2017)
