La delicada situación del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, tras conocerse que cobró por asesorar a Odebrecht cuando era ministro se agravó el jueves con el alzamiento de la oposición, que amenazó con destituirlo si no renuncia.
El partido populista de derecha que controla el Congreso, Fuerza Popular, considera que existen «pruebas concretas de actos de corrupción» cometidos por el mandatario, que llegó al poder con un programa de centro de 2016 y debe gobernar hasta 2021.
«Es evidente que su permanencia en el máximo cargo de la nación es insostenible», dijo Daniel Salaverry, portavoz de la bancada parlamentaria de Fuerza Popular, partido que lidera Keiko Fujimori.
«Aquí lo que el pueblo peruano exige es que el presidente renuncie y que se dé una transición constitucional para que el vicepresidente de la República asuma la presidencia de Perú», agregó.
La formación dio a Kuczynski hasta este jueves para dejar el cargo. De lo contrario pedirá su destitución a través del Congreso.
La constructora brasileña Odebrecht, que admite haber sobornado a políticos de toda América Latina, reconoció haber pagado casi 5 millones de dólares por asesoramiento a empresas vinculadas a Kuczynski entre 2004 y 2013.
Las asesorías ficticias han sido uno de los mecanimos de la empresa para realizar pagos irregulares. La Fiscalía también lo ha citado.
Kuczynski, un exbanquero de Wall Street de 79 años, negó cobros ilegales y aseguró que el 22 de diciembre se presentará ante una comisión del Parlamento que investiga los alcances del caso «Lava Jato» en Perú.
El Parlamento se declaró en sesión permanente, a la espera de cualquier decisión del gobernante.
«Lava Jato es una crisis regional que demuestra que la corrupción es estructural en todos estos países», destacó a la AFP el expresidente de Transparencia Internacional, José Ugaz.
Renuncia o destitución
Del total pagado, 782.000 dólares fueron abonados a Westfield Capital, firma de Kuczynski, cuando se desempeñaba como ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). De confirmarlo, habría cometido delito de colusión.
Otros 4,05 millones fueron para First Capital, empresa de un exsocio para la que trabajó.
Estas revelaciones han provocado un terremoto político en Perú y apuntan a que el mandatario mintió.
Hasta el sábado pasado, Kuczynski había negado haber recibido dinero de Odebrecht. Ese día admitió finalmente haber ofrecido asesoramiento, pero no entró en detalles.
Dos de sus consultorías están relacionadas con la carretera interoceánica, por cuya concesión Odebrecht dice que sobornó con 20 millones de dólares a Toledo.
¿Una nueva etapa?
En caso de renuncia, Kucyznski sería reemplazado por el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, actual embajador de Perú en Canadá.
Agrupaciones de izquierda han pedido la destitución del mandatario, lo que podría arrastrar a todo el Ejecutivo con él y abrir las puertas a elecciones adelantadas el próximo año, incluso a nivel parlamentario.
«Si el presidente no puede explicar al país las denuncias en su contra, debe renunciar. El país necesita una nueva etapa, exigimos proceso constituyente», dijo la excandidata presidencial de izquierda, Verónika Mendoza.
«La renuncia puede resolver la crisis política en la que estamos. Si no lo hace, nos sumaremos a los pedidos de vacancia en el Congreso», anunció por su parte el legislador Mauricio Mulder, del socialdemócrata partido Aprista.
La crisis política beneficia a Fuerza Popular, que tiene 71 de los 130 escaños, y que ha mantenido contra las cuerdas a un gobierno con constantes errores de gestión y falta de liderazgo.
Desde que Keiko Fujimori perdió por un escaso margen las presidenciales contra Kuczynski en 2016, no ha dado tregua.
Impacto económico
Kuczynski es el tercer gobernante peruano en problemas por el caso Odebrecht.
Ollanta Humala (2011-2016) está en prisión preventiva acusado de recibir 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña política, mientras que sobre Toledo pesa una orden de extradición desde Estados Unidos.
La crisis política ocurre a un mes de la visita del papa Francisco a Perú y en momentos en que el país necesita estabilidad para reimpulsar su economía, ya golpeada por Odebrecht, que tenía grandes proyectos de infraestructura en el país.
«La crisis política va a durar poco tiempo porque se precipitan los hechos muy rápido», estimó a la AFP el exministro de Industria, Guido Pennano.
«Habrá un remezón con impacto negativo. El inversionista preguntará qué es lo que viene, se detendrá un poco a la espera de lo que ocurra en los meses siguientes, pero lo importante es que habrá un marco legal e institucional» con un vicepresidente, agregó. (14/12/2017)
