Con las elecciones del 4 de febrero a la vuelta de la esquina y con una investigación legislativa sobre un supuesto caso de corrupción en el tapete, Costa Rica estuvo a punto de quedarse sin Congreso por mes y medio entre maniobras del Gobierno y los diputados.
Entre el 1 de diciembre y al 30 de abril es el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso, en el cual el Ejecutivo tiene el manejo de la agenda y la responsabilidad de convocar los proyectos de ley a discutir.
El pasado 22 de diciembre el Gobierno decidió desconvocar todos los proyectos de ley aduciendo que el panorama electoral no permitiría avances, lo que muchos de los diputados interpretaron como un extenso periodo de vacaciones que duraría al menos hasta el 5 de febrero, día posterior a los comicios.
En ese tiempo probablemente muchos legisladores iban a participar en las campañas de sus respectivos partidos. Sin embargo, no tener proyectos que discutir no inhibía a los legisladores de conocer asuntos de control político e informes como el emitido en diciembre por una comisión legislativa acerca del presunto caso de tráfico de influencias en tres poderes del Estado, conocido como «el cementazo».
Así lo determinó hoy un criterio del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso.
Tras duras críticas de los ciudadanos, medios de comunicación y algunos líderes políticos, las bancadas mostraron en los últimos días anuencia a regresar al trabajo este lunes.
Algunos diputados de oposición culparon al Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís de limpiar la agenda de proyectos para «enviar» de vacaciones a los congresistas y evitar que se discutiera el informe sobre «el cementazo» en el Plenario legislativo antes de las elecciones.
El panorama cambió hoy con el informe del Departamento de Servicios Técnicos y minutos después con la decisión del Gobierno de convocar proyectos para la discusión.
«Me siento muy contento por la disposición de los diputados a querer sesionar en enero durante el mes preelectoral. Ante este buen ambiente y voluntad de las fracciones he ordenado convocar los proyectos de ley contemplados como recomendaciones en el informe de la Comisión de los créditos bancarios (que vio el cementazo)», dijo el presidente Solís a través de sus redes sociales.
Los proyectos convocados por el Ejecutivo son el de «Pérdida de credenciales de diputado por violación del principio de probidad», «Ley contra el Nepotismo en la Asamblea Legislativa», «Ley de creación del Tribunal Administrativo de la Competencia» y la «Ley Reguladora del Cabildeo en la Función Pública».
Los diputados determinarán hoy si se discute en el Plenario el informe sobre el «cementazo», un polémico caso que ha salpicado al Gobierno de Solís, diputados, funcionarios judiciales, bancarios y al empresario importador de cemento y contratista del Estado, Juan Carlos Bolaños.
El asunto se refiere a una supuesta red de tráfico de influencias para beneficiar a Bolaños con créditos de la banca estatal y la flexibilización de requisitos para la importación de cemento.
La Fiscalía investiga el caso y a finales del año pasado consiguió la prisión preventiva para el empresario Bolaños y varios funcionarios del estatal Banco de Costa Rica (BCR). (08/01/2018)
