La incertidumbre era total este lunes en torno la celebración de la sesión del martes en el Parlamento de Cataluña para investir nuevamente como presidente regional al independentista Carles Puigdemont, quien a su vez mantenía la incógnita sobre si regresaría a España.
Instalado en Bélgica para eludir la acción de la justicia española que le acusa de rebelión y sedición por su papel en la fallida declaración de independencia en Cataluña el 27 de octubre, Puigdemont es el único candidato para la sesión convocada en la cámara regional para el martes a las 10.00 hora de Bolivia.
Pero el Tribunal Constitucional, reunido de urgencia el sábado por un recurso del gobierno español contra la candidatura de Puigdemont, emitió un dictamen en el que suspendió la sesión, anunciando que la investidura no puede hacerse a distancia.
Puigdemont debe regresar a España, donde puede ser apresado y pedir permiso al juez del Tribunal Supremo que instruye el caso contra el núcleo duro del independentismo para acudir a la cámara catalana, alegó el Constitucional.
Además, la corte advirtió al presidente del Parlamento catalán, el independentista Roger Torrent, que debe respetar su dictamen so pena de incurrir en responsabilidades penales.
«Hasta que no haya una notificación oficial (del Constitucional) y se analice con rigor, no habrá respuesta», señaló este lunes el portavoz de Torrent, quien no se ha pronunciado aún.
La corte otorgó diez días a las partes para presentar sus argumentos, lo que podría significar que se postergue la sesión.
Sin descartar nada
Elevando las expectativas de un posible regreso, Puigdemont solicitó este lunes en un escrito a Torrent que tome «las medidas necesarias para salvaguardar» sus derechos y poder someterse al pleno de investidura.
«No voy a descartar nada, él ha dicho públicamente que él hará lo que crea más conveniente para la causa que él defiende», dijo este lunes a la radio Rac1 su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas.
En principio con el dictamen del Constitucional quedó descartada una investidura telemática, una posibilidad elevada en semanas anteriores por Puigdemont para evitar ser detenido y puesto en prisión preventiva en caso de vuelta a España.
Puigdemont se exilió voluntariamente en Bruselas pocos días después de la declaración de la república catalana por parte de la cámara regional, tras semanas de alta tensión y un referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de octubre pese a la prohibición de la justicia.
Pero la independencia no se materializó: el gobierno central intervino la autonomía de la región de 7,5 millones de habitantes y una economía equivalente a casi el 20% del PIB español, destituyó a su ejecutivo y convocó elecciones para el 21 de diciembre.
En esos comicios los independentistas volvieron a sacar mayoría absoluta (70 escaños de 135).
Para resguardar la mayoría en una sesión de investidura, este lunes tres de los cuatros exministros catalanes instalados en Bélgica con Puigdemont renunciaron a sus escaños, para ser reemplazados por otros miembros de sus listas que sí podrán ejercer su voto.
‘Sacrificar’ a Puigdemont
Torrent se encuentra entre la espada y la pared, ya que la ley de Cataluña prevé que la sesión de investidura debe comenzar a más tardar diez días después del comienzo de la legislatura, un plazo que se cumple el miércoles 31.
De todas maneras, hasta la tarde del lunes la sesión se mantenía en pie y el candidato era Puigdemont, insistió el portavoz de Torrent.
En medio de la incertidumbre, algunos independentistas han comenzado a esbozar la idea de que Puigdemont dé un paso atrás.
«Si hay que sacrificar al presidente Puigdemont, tendremos que sacrificarlo», declaró al diario La Vanguardia, Joan Tarda, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), al afirmar: «Hay un bien superior: que haya gobierno» en Cataluña y termine el control regional desde Madrid.
La formación de Puigdemont, Junts per Catalunya (JxCat), la más votada de las independentistas el 21 de diciembre, afirma que no hay «plan B» a su candidatura.
(29/01/2018)
