Tras la renuncia de Carles Puigdemont a la presidencia de Cataluña, los independentistas de esta región española deben todavía ponerse de acuerdo sobre un nuevo candidato en un camino sembrado de obstáculos, especialmente judiciales.
El líder independentista instalado en Bélgica propuso como sucesor al número dos de su grupo parlamentario, Jordi Sánchez, expresidente de la influyente asociación independentista ANC y encarcelado preventivamente desde hace cuatro meses por presunta sedición.
«Una persona que está en prisión difícilmente puede representar a una región», advirtió la vicepresidenta del gobierno español de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría en la radio Cope.
Para defender su candidatura en el Parlamento, Sánchez debe obtener un permiso del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que instruye la causa por rebelión y sedición contra la cúpula independentista por su fallido intento de secesión en octubre.
«Tiene todos los derechos como diputado y puede ser elegido presidente. Quién ponga trabas a Jordi Sánchez para ser investido presidente, cometerá un grave error», advirtió Puigdemont en una entrevista en la radio catalana Rac1.
Tensiones internas
Pero los primeros en distanciarse fueron sus teóricos aliados de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), el segundo grupo independentista en la cámara catalana, que propusieron a su líder Oriol Junqueras, también en prisión preventiva.
Según su portavoz Sergi Sabria, Junqueras, exvicepresidente regional, sería la opción más respetuosa con la idea que defendía Puigdemont de dar continuidad al ejecutivo catalán destituido por Madrid tras la declaración de independencia del 27 de octubre.
Jordi Sánchez «es la propuesta de Juntos por Cataluña», el grupo de Puigdemont, subrayó Sabria a la emisora Catalunya Radio. «En la línea de legitimidad, le correspondería a Oriol Junqueras», añadió.
Por su parte Puigdemont consideró que le correspondería a Sanchez por ser el número dos de la lista más votada dentro de su bloque, y un hombre «transversal» al proceder de la sociedad civil.
En ambos casos, los independentistas se agarran al precedente de un político vasco encarcelado por pertenencia al grupo armado separatista ETA que en 1987 obtuvo un permiso de salida para defender su candidatura a la presidencia del País Vasco.
Las tensiones entre ambos grupos fueron constantes en las últimas semanas, especialmente evidentes cuando el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, aplazó a última hora la investidura prevista de Puigdemont a finales de enero. Su elección había sido condicionada por el Tribunal Constitucional a que se entregara previamente ante el juez Llarena y este le diera permiso para presentarse. Sin embargo, el líder independentista quería ser investido a distancia aunque después fuera suspendida, lo que chocaba con las intenciones de ERC de formar un gobierno efectivo cuanto antes y reservar un papel simbólico a Puigdemont en Bruselas.
Doble gobierno
Las tesis del partido izquierdista se impusieron finalmente y la próxima semana Puigdemont reunirá en Bélgica a los diputados independentistas para crear el llamado Consejo de la República, una especie de estructura de gobierno exterior presidida por él.
Desde allí, buscará defender los derechos de los separatistas «desde un punto de vista jurídico y político» y hacer labores de diplomacia para conseguir apoyos internacionales que brillaron por su ausencia en octubre, explicó en la radio Rac1.
Simulando una estructura institucional que bautizaron como «Espacio Libre de Bruselas», también prevén crear una asamblea compuesta por diputados, ediles locales y representantes civiles para controlar este gobierno exterior que debe coordinarse con el oficial.
«A día de hoy no sabemos cuántos presidentes tendremos, cuántos serán de verdad y cuántos de feria», ironizó el jueves el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, reclamando a los independentistas formar un gobierno cuánto antes.
Sin embargo, no sólo los nombres separan a los partidos separatistas, también el plan de gobierno y el papel reservado a los órganos de representación en Bélgica, que Juntos por Cataluña no quiere meramente simbólico.
Tras el fracaso de la vía unilateral, que provocó fuertes tensiones en esta región de 7,5 millones de habitantes, convulsiones económicas y el encarcelamiento de sus líderes, ERC apuesta por rebajar el conflicto y aumentar los electores independentistas que todavía no superan el 50% de los votantes.
«Nosotros no queremos un gobierno convencional. O el nuevo gobierno mantiene la tensión política con el Estado, se coordina con Bruselas y reconoce a Puigdemont o no lo haremos», advierte a la AFP un dirigente de Juntos por Cataluña.
«No haremos una declaración unilateral de independencia pero hay que mantener la tensión», añadió.
(02/03/2018)
