El juicio que el próximo miércoles podría llevar a prisión al exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva extremó la polarización del gigante sudamericano y condujo a la presidenta de la corte suprema, Cármen Lúcia, a un inusual pedido por la paz social.
El Supremo Tribunal Federal (STF) dirá el miércoles si acepta un recurso (habeas corpus) presentado por la defensa de Lula (2003-2010) para evitar que empiece a purgar una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero hasta que no haya agotado todas las instancias judiciales.
Si deniega el recurso, nada se interpondrá en principio a un arresto de Lula, de 72 años. De lo contrario, el camino de los tribunales podría extenderse y dejarlo libre durante la campaña para las elecciones de octubre, que se anuncian como las más inciertas desde el retorno de la democracia en 1985.
«Vivimos tiempos de intolerancia y de intransigencia contra personas e instituciones. Por eso, este es un tiempo en el que hay que pedir serenidad. Serenidad para que las diferencias ideológicas no sean fuente de desorden social», escribió la jueza Cármen Lúcia en un texto divulgado por su asesoría.
«Los problemas se resuelven garantizando el cumplimiento de la Constitución, papel fundamental conferido al Poder Judicial, que lo viene cumpliendo con rigor», agregó la magistrada, que apoya públicamente la jurisprudencia vigente que permite encarcelar a condenados en segunda instancia, como Lula.
El caso enfrenta a jueces «garantistas» y a defensores de la Operación Lava Jato, vistos como más severos, y partidarios del uso de la prisión preventiva, las delaciones premiadas y el cumplimiento de penas después de una condena en segunda instancia para desvendar una multimillonaria red de sobornos entre empresarios y políticos.
Y alimenta las divergencias políticas. La semana pasada, la polarización derivó en violencia cuando dos ómnibus de una comitiva proselitista de Lula fueron alcanzados por tres disparos en el sur del país, sin provocar heridos.
El ayuno del fiscal
A medida que se aproxima el 4 de abril, la presión sobre el STF aumenta.
Arropado por unos 2.000 simpatizantes y movimientos de izquierda, el propio Lula lanzó un mensaje a los magistrados este lunes desde Rio de Janeiro, donde volvió a defender su inocencia frente a la persecución de las élites de la que afirma ser víctima.
«Quiero que la corte suprema apenas haga justicia. No quiero ningún beneficio personal, solo quiero que haga justicia y señale qué crimen cometí», lanzó durante un acto por la democracia al que también acudieron varios familiares de la concejala asesinada Marielle Franco.
Del otro lado, el ex fiscal general Rodrigo Janot y el procurador de Lava Jato en Curitiba (sur), Deltan Dallagnol, se sumaron a una solicitud de al menos 5.000 integrantes de la justicia para que la corte suprema no modifique su interpretación actual, lo que pondría a Lula tras las rejas.
Dallagnol, que se define como «seguidor de Cristo», anunció además una jornada de rezo y ayuno.
«El miércoles es el día D de la lucha contra la corrupción para Lava Jato. Una derrota significará que la mayor parte de los corruptos de diferentes partidos, en todo el país, jamás serán responsabilizados, ni en Lava Jato ni más allá. El escenario no es bueno. Estaré en ayuno, en oración y apoyando al país», escribió en Twitter el domingo.
Su mensaje generó un torrente de apoyos y cuestionamientos. En simultáneo, diversos grupos de la sociedad civil, muy activos durante el impeachment que derrumbó el gobierno de izquierda de Dilma Rousseff en 2016, convocaron manifestaciones en todo el país en la víspera de la sesión del máximo tribunal.
«Politización de la justicia»
Lula fue sentenciado por recibir un apartamento de lujo de la constructora OAS, involucrada en la trama de desvíos de la estatal Petrobras. Además, enfrenta otros seis juicios por diversos delitos que incluyen tráfico de influencia y obstrucción de la justicia.
Pese a su delicada situación, el exmandatario es amplio favorito para ganar las elecciones, incluso con la perspectiva de que la justicia electoral debería bloquear su candidatura en agosto -cuando se abra la ventana oficial para inscribir las postulaciones- por tener ya una condena ratificada en segunda instancia.
«Hay una politización de la justicia. El poder judicial se posiciona como un actor que busca sanear la política por una vía externa y eso genera inestabilidad», dijo a la AFP Emerson Cervi, profesor de la Universidad Federal de Paraná (sur).
«La expectativa es que las elecciones consigan señalar un camino, una salida política, no policial, para la crisis brasileña», añadió. (02/04/2018)
