La corte suprema brasileña decidirá este miércoles si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva es detenido o sigue en libertad, en un fallo de enorme impacto para las elecciones de octubre, que tienen al líder de la izquierda como favorito.
Lula, de 72 años, fue condenado por un tribunal de apelación a 12 años y un mes de cárcel por recibir un apartamento de lujo de una constructora involucrada en el escándalo de sobornos de Petrobras; pero presentó un recurso ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para evitar su encarcelamiento antes de agotar todas las instancias judiciales.
Ese pedido (habeas corpus) será juzgado a partir de las 14H00 locales (17H00 GMT). Si es aceptado, podrá seguir en precampaña y apostar a un largo proceso en los tribunales superiores. De lo contrario, podría ser arrestado en breve.
El debate sobre la jurisprudencia que permite encarcelar a condenados en segundo grado desató los profundos antagonismos políticos de Brasil, cuando faltan seis meses para unos comicios que se anuncian como los más inciertos desde la restauración de la democracia 33 años atrás.
El martes por la noche, decenas de miles de personas desfilaron en Sao Paulo al grito de «Lula nunca más» y de aclamaciones al juez Sergio Moro, gran artífice la investigación Lava Jato, que condenó a Lula en primera instancia.
El que fue el presidente más popular de la historia reciente de Brasil (2003-2010) se declara inocente en este proceso y en los otros seis que enfrenta por delitos como tráfico de influencia y obstrucción a la justicia, y los atribuye a una conspiración para evitar que regrese al poder.
«Es un juicio muy politizado. Más allá de la importancia de la autorización de la ejecución provisoria de la pena, está en juego un caso que envuelve a un expresidente, que también es presidenciable y que está muy bien posicionado en los sondeos de intención de voto», dijo a la AFP el experto en derecho penal y criminología Jovacy Peter Filho.
«Es, probablemente, un caso único en el mundo», añadió.
La polarización dejó paso a la violencia a fines de marzo, cuando una caravana proselitista del líder de la izquierda fue atacada con armas de fuego en el sur del país. El clima enrarecido llevó a la presidenta de la corte suprema, Cármen Lúcia, a hacer un inusual llamado a la paz social.
Las calles de acceso a la corte en Brasilia estarán cerradas y la policía montará un vallado para separar a los activistas que se congregarán para seguir el juicio en los alrededores del edificio.
«Momento histórico»
Se espera que el exmandatario siga el proceso desde el Sindicato de Metalúrgicos de Sao Paulo, cuna de su ascenso político que lo llevó desde la militancia sindical hasta la jefatura de Estado.
«Es un momento histórico para el poder judicial brasileño», dijo a la AFP Anderson Furlan, juez federal en el estado Paraná (sur) y amigo del juez Moro.
«El STF se vuelve a abocar sobre el tema [de la prisión tras la segunda instancia] y tal vez cambie su interpretación. Muchos entienden que ese cambio en la orientación puede ser mala para el combate a la corrupción», agregó.
El jefe de los fiscales de Lava Jato en Curitiba (sur), Deltan Dallagnol, que había acusado a Lula de ser el «comandante máximo» de la red de corrupción en Petrobras, prometió para esta jornada permanecer en ayuno y oración. La Central Única de Trabajadores (CUT) reiteró su convicción de que «no hay ninguna prueba para sustentar las acusaciones basadas en convicciones del juez Moro y otros sectores del poder judicial que adoptaron una postura partidaria durante todo el proceso».
Bajo presión
Los 11 jueces del STF están bajo una enorme presión, que incluyó petitorios a favor y en contra de la jurisprudencia actual, firmados por miles de abogados, jueces y fiscales.
Las opiniones se hicieron oír incluso desde la cúpula de las fuerzas armadas.
En un mensaje vía Twitter, el comandante del Ejército, el general Eduardo Villas Boas, aseguró el martes por la noche «compartir el ansia de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y de respeto de la Constitución, la paz social y la democracia».
El tribunal está dividido entre los «garantistas», a favor de una amplia lectura de la presunción de inocencia, y los defensores de la Lava Jato, vistos como más severos y partidarios del uso de la prisión preventiva y del cumplimiento anticipado de las penas.
La última discusión de este tema terminó con un ajustado 6 a 5 en favor de la jurisprudencia vigente.
Si bien el habeas corpus solicitado por Lula solo alcanza a su caso específico, el resultado de la votación podría indicar a los tribunales inferiores un cambio en la interpretación constitucional y para muchos juristas abriría la puerta a masivos reclamos de detenidos por crímenes comunes, como violación u homicidio, algo que es rechazado por la defensa de Lula.
(04/04/2018)
