El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aceptó la noche del viernes dialogar sobre un paquete de reformas al seguro social que desató esta semana protestas que dejan unas 10 personas muertas, según el gobierno.
Las manifestaciones, unas de las más violentas en los 11 años de gobierno de Ortega, dejan también más de 80 heridos y severos daños a la propiedad.
Hay unos «10 hermanos fallecidos» en las jornadas de protestas, lamentó la vicepresidenta y portavoz oficial, la primera dama Rosario Murillo, a medios estatales.
Anunció que Ortega acogió la propuesta del gremio empresarial de «retomar la mesa de diálogo» para buscar una solución al conflicto originado por el aumento de las cuotas patronales y laborales que buscan saldar un millonario déficit del seguro social.
«Estamos confirmando nuestra disposición de retomar ese diálogo abierto», dijo Murillo, quien confirmó que el mandatario, quien no se ha mostrado durante la crisis, hablará el sábado a la nación.
Las manifestaciones contra las reformas se intensificaron el viernes por tercer día consecutivo con marchas, barricadas, choques con la policía y ataques a instalaciones del gobierno en Managua y otras ciudades del país.
La dirigente del opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD) Violeta Granera dijo en tanto a la AFP que de los 10 fallecidos, cuatro habrían muerto la noche del viernes en la norteña ciudad de Estelí, pero esta versión no ha sido confirmada oficialmente.
Las autoridades contabilizaban al menos 29 oficiales y civiles heridos, mientras que la oposición reportaba más de 60 lesionados. Hacia el anochecer, las sirenas de las ambulancias trasladando heridos a los hospitales y las detonaciones seguían sonando en la capital.
El líder de la principal patronal, José Aguerri, urgió temprano al gobierno a evitar que se siga «derramado sangre» y a buscar el diálogo, tras apoyar las protestas.
Incendios, choques y destrucción
Durante la jornada los estudiantes se enfrentaron con la policía y levantaron barricadas en las cercanías de la Universidad de Ingeniería, de donde fueron desalojados con violencia, y prendieron fuego a al menos dos de los llamados «árboles de la vida» de la capital, gigantescos árboles metálicos e iluminados que simbolizan al gobierno.
El gobierno denunció «que vándalos atacaron con bombas molotov» e incendiaron la entrada principal de la oficialista Radio Ya, en la capital. Además acusó a los manifestantes de causar daños en el Ministerio de la Juventud, así como en una alcaldía y un centro universitario -prendido en fuego- en otras dos ciudades.
Por su parte, partidarios sandinistas agredieron a manifestantes en las cercanías de la Catedral de Managua, en cuyo interior varios estudiantes habrían quedado atrapados hasta horas de la noche.
A las protestas se sumaron por la tarde cientos de trabajadores del sector privado y por la noche se registraron violentos incidentes frente al edificio del Seguro Social.
Por transmitir las manifestaciones, cuatro medios televisivos independientes fueron bloqueados por el gobierno el jueves. Un día después sólo uno continuaba fuera del aire.
Al menos nueve periodistas resultaron heridos en las protestas, según el Comité para la Protección de Periodistas, con base en Nueva York.
«Llamamos a las autoridades de Nicaragua a parar de atacar a la prensa independiente y permitir a los periodistas cubrir las protestas sin amenazas ni acoso», dijo Carlos Martínez de la Sierra, director de programa del comité.
El gobierno suspendió las clases y movilizó a sus partidarios a las calles, desestimando los pedidos de los manifestantes.
«Parecen vampiros reclamando sangre para nutrir su agenda política», recriminó Murillo.
«No nos va a temblar el pulso para defender esta paz. Vamos a defender nuestras conquistas», donde sea y con lo que sea, advirtió el presidente del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras durante una manifestación oficialista en Managua.
Reacción inesperada
Las manifestaciones han tomado por sorpresa al gobierno, que había logrado hasta ahora disuadir las protestas mediante la influencia que su partido ejerce sobre el aparato público y militar.
«Es una protesta que nació de las bases, no hay un movimiento, ni partido político» que la dirija, y «creo que agarró al gobierno fuera de base, no esperaban esta reacción», explicó a la AFP el analista político independiente Oscar René Vargas.
Según expertos, la población ha soportado en silencio el encarecimiento de la vida por las constantes alzas de los combustibles, de las tarifas de luz, despidos en el sector público y reducción de beneficios sociales a raíz de la caída de la cooperación venezolana.
La gente también ha expresado inconformidad con la respuesta oficial al reciente incendio en la reserva forestal Indio Maíz y con las irregularidades en los procesos electorales, que según la oposición han sido amañados para favorecer al oficialismo. (21/04/2018)
