Amnistía Internacional (AI) responsabilizó al Gobierno de Daniel Ortega de implementar y mantener una estrategia de represión «en ocasiones intencionalmente letal», durante la crisis sociopolítica de Nicaragua, que entró en su día 42 y deja al menos 83 muertos según datos de ese organismo.
«Existen razones para pensar que las autoridades nicaragüenses, incluso las más altas, implementaron y mantuvieron una estrategia de represión, en ocasiones intencionalmente letal, a lo largo de las semanas de protesta», indicó Amnistía Internacional en un informe presentado este martes en Managua.
Con base en la documentación obtenida, Amnistía Internacional considera que «no solo se privó arbitrariamente de la vida en el marco de la protesta y del uso excesivo de la fuerza, sino que además considera que con base en el patrón identificado, un elevado número de casos podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales».
El estudio, bajo el título «Disparar a matar» fue realizado en Nicaragua por una misión de Amnistía Internacional entre el 4 y el 13 de mayo pasados «para investigar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos».
La misión, formada por un equipo de expertos, visitó las ciudades de Managua, León, Ciudad Sandino y Estelí, y realizaron más de 30 entrevistas personales, así como el estudio y documentación de 16 casos, 9 de ellos de personas fallecidas.
En el estudio se cifra en 51 las muertes registradas en 24 días en 6 ciudades de Nicaragua, pero la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, dio este martes en una rueda de prensa la cifra actualizada de 83 casos documentados de fallecidos.
Dentro de la estrategia de represión, la organización humanitaria internacional señaló el discurso de negación e invisibilidad de la represión y sus consecuencias, la estigmatización pública por parte del Gobierno de los manifestantes, o la utilización de grupos parapoliciales.
«La aquiescencia estatal con la que actúan estos grupos se manifiesta en el hecho de que la mayoría de los ataques se comete por particulares en presencia de la fuerza pública o en coordinación con ellos, y en el hecho de que la Policía no persigue su actividad delictiva sino que permite su huida y dispersión», indicó.
También denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de policía y antimotines, la ejecución extrajudicial de personas, los actos de encubrimiento y obstaculización en la investigación, la denegación de la atención médica en los hospitales o los intentos de control de la prensa.
«La organización ha obtenido información a través de entrevistas, imágenes y vídeos que indica que la autoridad habría ejercido un uso indebido de la fuerza, a través del uso inadecuado de armas», se señala en el informe.
Según la institución, y de acuerdo al Derecho Internacional, «el superior está obligado a adoptar medidas razonables, concretas y eficaces para prevenir y hacer cesar violaciones de derechos humanos cometidas por los subalternos».
«Amnistía Internacional considera que existe un patrón que indicaría que los grupos parapoliciales, la Policía Nacional y las fuerzas antimotines, causaron la muerte de manera intencional, en un significativo número de casos», se agrega en el documento.
La organización humanitaria también denunció la localización de disparos en cabeza, cuello y tórax y los actos de encubrimiento y obstaculización de las investigaciones mediante omisión de exámenes médicos, la falta de exhaustividad en el tratamiento de las pruebas, los obstáculos al acceso a la justicia o el acoso a los familiares de las víctimas.
Amnistía realizó diversas recomendaciones al presidente Ortega como la garantía y el respeto al derecho a la libertad de expresión y la manifestación pública y pacífica, la implementación de medidas que detengan el uso de la fuerza, asegurar que la policía se abstenga de realizar actos de intimidación, hostigamiento y represalias, o la detención del discurso estigmatizador y criminalizador.
La organización solicitó también al Ministerio Público investigar de manera pronta, imparcial e independiente los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, la debida diligencia en el levantamiento de evidencia o la participación de las víctimas y las familias en las diligencias de investigación.
Asimismo, pidió a las autoridades judiciales la independencia e imparcialidad de los jueces, y al Estado de Nicaragua cumplir con las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
(29/05/2018)
