El Parlamento de Ecuador despejó este jueves el camino para que la Justicia pueda vincular penalmente al expresidente Rafael Correa en el secuestro en 2012, en Bogotá, del exlegislador Fernando Balda, uno de sus más enconados opositores.
Con 83 votos de 98 legisladores presentes, el pleno del Legislativo declaró «improcedente» el pedido de la jueza Daniela Camacho, quien solicitó a la Asamblea Nacional (Parlamento) autorizar el enjuiciamiento penal de Correa.
Sin embargo, el mecanismo establece que al declarar el Legislativo improcedente esa petición, la jueza puede vincular a Correa en el caso, pues se entiende que ya no goza del fuero parlamentario por haber dejado de ser gobernante desde mayo del año pasado.
La sesión parlamentaria se dio en medio de la protesta de decenas de seguidores de Correa, que a las afueras exigían que se respete el debido proceso.
Legisladores del Movimiento Acuerdo Nacional (Maná), que respalda a Correa, denunciaron una agresión «canallesca» de la Policía antimotines que, según ellos, usó gas lacrimógeno y pimienta contra los manifestantes.
En redes sociales publicaron imágenes de las afecciones respiratorias sufridas por varios legisladores de ese grupo, como Gabriela Rivadeneira, Bairon Valle y Verónica Guevara.
Con la votación de hoy, el pleno del Legislativo se declaró no competente para analizar la petición de la jueza Camacho, en una acción que varios analistas consideran como una autorización para el enjuiciamiento de Correa.
La votación de hoy se da un día después de que fracasara un intento de los grupos de derechas y del movimiento oficialista Alianza País, para forzar un ajuste al orden del día de la sesión del pleno y votar por una moción que daba paso a la vinculación penal de Correa.
No obstante, esa moción no prosperó ya que algunos legisladores de Alianza País, movimiento que lidera el actual mandatario Lenín Moreno, se abstuvieron o se negaron a apoyar la moción y decidieron esperar a la votación de hoy.
Al respecto, el presidente Moreno recriminó el miércoles a sus legisladores, a los que llamó «morenistas» y les conminó a seguir la línea del Gobierno, un pronunciamiento que los «correístas» interpretaron como una intromisión en una función del Estado.
El Gobierno de Ecuador «rechaza la actuación de aquellos asambleístas que se presentan como morenistas y, al mismo tiempo, no actúan de acuerdo a los principios de transparencia y justicia por los cuales hoy camina el país entero», afirmó el Ejecutivo en un comunicado oficial.
«Este es el momento de demostrar quiénes quieren un cambio verdadero y vivir en una democracia plena o quiénes quieren solapar y esconder las vergonzosas actuaciones del pasado», puntualizó el texto del Gobierno.
Esta semana, el fiscal general del Estado, Paúl Pérez, dijo que han aparecido datos sobre la presunta participación de Correa en el supuesto secuestro de Fernando Balda, un político opositor al exmandatario que ha denunciado un aparente complot, cuando se encontraba en Colombia en 2012.
Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, reside actualmente en Bélgica, desde donde ha negado las inculpaciones y ha advertido de una presunta persecución política en su contra por parte de grupos de derechas y de Moreno, su sucesor, un antiguo aliado que ahora es su más enconado rival político.
La Corte Nacional de Justicia (Supremo) de Ecuador ha ordenado por el caso Balda la prisión preventiva, con fines de investigación, del excomandante de la Policía Fausto Tamayo y el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero.
La jueza Camacho vinculó a ambos como «presuntos autores mediatos de los delitos de asociación ilícita y secuestro a Fernando Balda».
(15/06/2018)
