Las Fuerzas Armadas de Perú reafirmaron su «vocación de defensa de la democracia» y rechazaron los rumores que circulan en redes sociales de un descontento por un escándalo de corrupción en la Judicatura, informó este sábado el Ministerio de Defensa.
El ministerio señaló en su cuenta oficial en Twitter que los militares continúan su preparación para participar en el tradicional desfile que se celebra cada 29 de julio, como parte de las celebraciones por la independencia nacional.
«Nuestras FF.AA. vienen preparando su participación en el Desfile Militar y reafirman su vocación de defensa de la democracia», enfatizó el pronunciamiento de Defensa.
Remarcó, en ese sentido, que «las versiones que circulan en redes sociales son absolutamente falsas» y pidió «a la ciudadanía tomar en cuenta solo información» oficial.
El mensaje en Twitter estuvo acompañado por capturas de mensajes en redes sociales que indican que este año no habrá desfile militar y que se avecina un golpe de Estado, que fueron rotulados con la palabra «falso».
Diversas fuentes anónimas han difundido durante esta semana mensajes e imágenes en redes sociales que dan cuenta de un supuesto descontento entre los militares ante el gigantesco rechazo que ha generado el escándalo de corrupción entre la ciudadanía.
En los últimos días se han emitido varios pedidos extraoficiales para que se suspendan los tradicionales desfiles cívicos y militares que se organizan con motivo de la independencia e incluso en algunas escuelas del interior del país han decidido anular esas actividades, según reportes de medios locales.
El escándalo de corrupción se hizo público la pasada semana, con la publicación de escuchas telefónicas que revelaron una amplia red de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación en las más altas instancias de la Judicatura, que incluye a altos magistrados, empresarios y políticos.
Las escuchas le costaron el cargo al ministro de Justicia, Salvador Heresi, protagonista de un audio, y a cinco jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao, entre ellos su presidente, Walter Ríos, que pedía un soborno de al menos 10.000 dólares a cambio de favorecer el nombramiento de un fiscal.
En ese momento, también a los consejeros del CNM Guido Aguila y Julio Gutiérrez, mientras que los demás integrantes de ese organismo fueron destituidos este viernes por el Congreso, y el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dimitió el jueves.
Otro de los involucrados es el suspendido juez supremo César Hinostroza, quien incluso ofreció absolver al violador de una menor de 11 años y coordinó reuniones con una «Señora K» de la «fuerza número uno», nombre en clave que presumiblemente puede referirse a Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular, aunque estos niegan estar vinculados en este caso.
Este viernes, los periodistas Gustavo Gorriti y Romina Mella, del portal IDL-Reporteros, presentaron una demanda contra la Fiscalía y la Comisión de Fiscalización del Congreso por su «continua y agresiva intimidación» en el destape del escándalo de corrupción en la Judicatura peruana.
En su denuncia, presentada ante un tribunal constitucional, Gorriti y Mella afirmaron que la insistencia de la Fiscalía y el Congreso para que revelen las fuentes de su investigación «supone, por supuesto, la amenaza cierta e inminente» de sus libertades de expresión e información.
Defendieron, además, el «derecho de los periodistas al secreto profesional y el propio principio democrático, que da soporte al Estado constitucional de Derecho».
(21/07/2018)
