Un juez ordenó hoy revocar la prisión domiciliaria en la que se encontraba la diputada argentina del Parlamento del Mercosur Milagro Sala, arrestada preventivamente por presunta corrupción desde enero de 2016.
«El juez Pablo Pullen Llermanos ordenó trasladar a Milagro Sala al penal federal de Salta», informaron desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala, activista indígena que es considerada por parte de sus seguidores una «presa política» del oficialismo argentino y cuya detención ha originado fuertes críticas de diversos organismos internacionales.
El pasado 25 de julio comenzó el juicio en el que la miembro del opositor kirchnerista Frente para la Victoria (FPV) es acusada de fraude en un programa de construcción de viviendas.
Seis días después fue hallada inconsciente tras desmayarse en la casa donde estaba retenida, y trasladada a un hospital, donde se recuperó.
Ya ese día, desde la agrupación que vela por que la activista sea puesta en libertad, hicieron responsable a la Justicia de la provincia norteña de Jujuy de mantenerla en un lugar alejado de la ciudad donde residía antes de ser detenida, San Salvador de Jujuy, sin señal telefónica y con dificultades en el acceso a los médicos.
Es por eso que reiteraron su petición de que Sala pueda cumplir prisión domiciliaria en la vivienda que ella elija.
«La quieren muerta», denunciaron esta noche desde el Comité a través de un comunicado, y remarcaron que tanto el juez como el gobernador jujeño, el oficialista Gerardo Morales, «continúan con su política constante de hostigamiento contra Milagro».
«Cada vez queda más en claro que no les interesa en lo más mínimo su vida. No les interesa la justicia sino la revancha contra una mujer que hizo lo que no hizo ningún político en Jujuy por los más humildes. Le decimos a Morales que no vamos a parar hasta que Milagro esté libre», aseguraron.
A su juicio, la vuelta a prisión, esta vez a un penal federal ubicado en la localidad de Güemes, en la provincia de Salta, es una medida «absolutamente arbitraria».
«La medida es contraria a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó la detención domiciliaria de la dirigente social en su residencia habitual, en el barrio de Cuyaya (de Jujuy)», se destaca en el texto difundido.
La notificación, según continúan, se realizó esta misma noche, aunque agregan que en la cédula oficial «no hay ninguna fundamentación respecto a la medida que será denunciada ante los organismos internacionales».
«La defensa presentará un habeas corpus en favor de la dirigente social», señalaron.
En 2016, tras ser arrestada, Sala permaneció detenida en el penal Alto Comedero, en Jujuy, hasta que en agosto de 2017 fue enviada a un domicilio después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitara al Estado argentino «medidas alternativas» a su detención, como arresto domiciliario.
Allí permaneció 44 días y volvieron a llevarla a la cárcel, pero en diciembre pasado el juez Pullen resolvió proceder de nuevo el traslado al domicilio en el que ha estado hasta hoy.
Sala está acusada, junto a otros treinta integrantes de la Organización Barrial Túpac Amaru, que ella lidera, de pertenecer a una asociación ilícita que malversaba fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales, además de extorsión.
Al inicio del juicio, Sala, que está afectada por varias causas y está convencida de que sufre una persecución «política, de género y de raza», empezó a lanzar gritos contra Morales y los jueves, y ante la negativa a guardar silencio fue expulsada del recinto. (08/08/2018)
