El juez Luis Roberto Barroso, instructor del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, pidió que la candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva sea negada por su condición de condenado a prisión y con pena confirmada en segunda instancia.
La opinión de Barroso será debatida por los otros seis miembros del TSE, sobre la base de normas electorales que prohíben en forma explícita que una persona en la situación de Lula, con una condena ya ratificada en segunda instancia, postule a cualquier cargo.
«Voto por la procedencia de las impugnaciones» y en consecuencia «niego el registro de la candidatura del señor Luiz Inácio Lula da Silva», declaró el juez.
También, según las normas electorales, propuso un plazo de diez días al Partido de los Trabajadores (PT) para que reemplace a Lula como candidato presidencial, lo cual puede encumbrar a esa posición a Fernando Haddad, compañero de fórmula del exmandatario.
Asimismo, subrayó que Lula no podrá aparecer en los espacios de propaganda política del PT en ningún medio, incluida la televisión, en la que la campaña de los candidatos presidenciales para las elecciones de octubre comienza este sábado.
Barroso negó cada uno de los argumentos de la defensa de Lula, en su mayoría apoyados en una cautelar del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que pedía garantías para su participación en las elecciones, sobre la cual afirmó que «no es vinculante».
Aún así, los abogados del expresidente alegaron que esa decisión debe ser cumplida, pues Brasil es suscriptor del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, invocado por el citado comité.
Según Barroso, además del carácter no vinculante de esa decisión, Brasil no ha incorporado aún a su legislación el pacto, con lo que ese acuerdo «no tiene carácter de derecho interno» en el país.
Agregó que, además, el comité de la ONU se pronunció «sin haber escuchado antes al Estado brasileño», lo hizo a través de «apenas dos de sus 18 miembros» y se comprometió a analizar el mérito de la cuestión «solo el año próximo», después de las elecciones en Brasil y con el nuevo presidente ya en ejercicio.
De todos modos, dijo que el tribunal tenía el «deber» de escuchar los argumentos del comité, pero estos alertan de un «riesgo» de que se violen los derechos de Lula, lo cual «no se fundamenta», pues las restricciones a su candidatura están dictadas por una ley brasileña.
Lula ingresó en prisión el pasado 7 de abril, condenado a doce años por corrupción y lavado de dinero en asuntos vinculados a los escándalos en la estatal Petrobras, de los que se habría beneficiado con un apartamento de playa entregado en forma de comisión por una constructora, una acusación que la justicia consideró probada.
Aún así, los sondeos dicen que tiene casi 40 % de las intenciones de voto, seguido por el ultraderechista Jair Bolsonaro, con cerca del 20 % de las preferencias. (31/08/2018)
