Tras un receso dominical, la líder opositora peruana Keiko Fujimori volvió a comparecer este lunes ante un juez que debe decidir si la manda a prisión, mientras su monolítico partido enfrenta una compleja crisis interna.
El juez Richard Concepción Carhuancho tiene que resolver si acepta el pedido de un fiscal anticorrupción de dictar prisión preventiva por 36 meses a la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y a otros 10 dirigentes y asesores de su partido Fuerza Popular, que controla el Congreso peruano.
El fiscal los acusa de conformar una «organización criminal» dentro del partido fujimorista, que recibió y encubrió 1,2 millones de dólares aportados ilegalmente por la empresa brasileña Odebrecht a la campaña de Keiko en 2011.
En esta sexta jornada de la audiencia, que comenzó hacia las 09h30 locales (14h30 GMT), el juez Carhuancho siguió escuchando los alegatos del fiscal José Domingo Pérez y de los defensores de los 11 imputados.
El juez anunciará su veredicto después de que se expongan los argumentos sobre todos los imputados en esta causa que amenaza la aspiración de Keiko de ser en 2021 candidata presidencial por tercera vez.
En las últimas horas, un rival político salió en defensa de Keiko: el expresidente Ollanta Humala, quien la derrotó en los comicios de 2011, afirmó que sería «un abuso si le ponen prisión preventiva».
Humala (2011-2016) y su esposa Nadine han sido los únicos que han estado en prisión preventiva (nueve meses) por el escándalo de los aportes de campaña de Odebrecht en Perú, que salpica a otros tres expresidentes peruanos.
Hasta ahora han sido revisados los pedidos de prisión contra Keiko y los abogados Vicente Silva Checa y Pier Figari.
Este lunes comenzó el debate sobre Jaime Yoshiyama, prominente figura durante el gobierno de Alberto Fujimori y colaborador de su hija.
Keiko, quien afirma que el fiscal Pérez y el juez Carhuancho están coludidos, estuvo detenida en forma «preliminar» una semana por esta causa este mes, igual que Figari y su asesora y amiga Ana Herz, otra de las imputadas.
El juez no tiene que pronunciarse sobre el fondo de la acusación, sino únicamente ordenar prisión preventiva para un imputado si considera que hay riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia. Los 36 meses pedidos por el fiscal son el plazo máximo permitido por la ley.
Keiko, de 43 años, ha acudido todos los días a la audiencia, aunque no está obligada por ley.
«El caos que viene»
En coincidencia con la odisea judicial de Keiko, su partido Fuerza Popular (derecha populista) se sumió en una crisis interna que puede derivar en un quiebre.
En un editorial dominical, el diario El Comercio, decano de la prensa peruana, alertó sobre «el caos» que puede provocar «la eventual desarticulación de un partido que ostenta la mayoría absoluta en el Congreso».
Además, resaltó que históricamente los partidos peruanos sucumben o se dividen según la suerte de su caudillo.
Keiko manejaba al partido en forma autocrática, mientras que su bancada, con amplia mayoría en el Congreso desde 2016, no tenía contemplaciones con sus adversarios.
Aunque Keiko no era parlamentaria, dictaba desde las sombras todas las decisiones que aprobaba el Congreso, según chats de Whatsapp y Telegram presentados por el fiscal como evidencias.
La «sumisión» de los legisladores fujimoristas era total y Keiko incluso les ordenaba si debían aplaudir o no algún discurso.
Liderar dos años una oposición obstruccionista y las acusaciones de corrupción desplomaron la popularidad de Keiko, quien la semana pasada adoptó un sorpresivo tono conciliador y propuso la «paz y el reencuentro».
«Momentos difíciles»
Además de su batalla judicial, Keiko libra una guerra fratricida con su hermano Kenji por el legado político de su padre.
Si no superan sus disputas, ambos hermanos podrían enfrentarse en las presidenciales de 2021, aunque primero cada uno debe revolve sus líos con la justicia.
Kenji, de 38 años, perdió su banca parlamentaria e irá a juicio por cohecho, gracias a la denuncia de un legislador leal a su hermana.
Mientras tanto, el expresidente Fujimori, de 80 años, observa impotente las pugnas entre sus herederos y el calvario judicial de su primogénita.
«Estos momentos tan difíciles nos seguirán uniendo cada día más», tuiteó el exgobernante de ancestros japoneses el viernes.
El patriarca del clan permanece internado en una clínica en calidad de detenido desde que el 3 de octubre la justicia anuló el indulto que obtuvo mientras cumplía una condena de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción.
Cuando sea dado de alta debe volver a prisión. Aunque el fujimorismo se apuró en aprobar una ley que le concedía prisión domiciliaria, fue vetada hace una semana por el presidente Martín Vizcarra.
(29/10/2018)
