El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó el viernes el fin de los pedidos de asilo para quienes ingresen ilegalmente al país, una medida que busca disuadir a los migrantes centroamericanos que avanzan por México hacia la frontera sur estadounidense.
La negación automática de las solicitudes de asilo de los migrantes sin documentos, que alegan buscar refugio por la violencia en sus países de origen, fue cuestionada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y demandada de ante la justicia por organizaciones de derechos civiles.
Trump sustentó su decisión para salvaguardar el «interés nacional» ante la esperada llegada de «un número sustancial» de extranjeros, principalmente centroamericanos, que desde hace casi un mes marchan hacia Estados Unidos.
«La continua migración masiva de extranjeros sin base legal para ingresar por nuestra frontera sur ha precipitado una crisis y socava la integridad de nuestras fronteras», señaló en el decreto.
«Por lo tanto, debo tomar medidas inmediatas para proteger el interés nacional y mantener la efectividad del sistema de asilo para los solicitantes de asilo legítimos, que demuestren que han huido de la persecución y justifiquen los muchos beneficios especiales asociados», añadió.
La medida no afectará a ningún extranjero que pida protección presentándose debidamente en un puesto fronterizo, ni a ningún residente permanente legal en Estados Unidos. Tampoco alcanzará a los menores de edad que viajen solos.
Pero Acnur no tardó en cuestionarla, diciendo que Estados Unidos empuja así a los migrantes, que suelen tomar esta decisión de manera «desesperada», a recurrir a los traficantes de personas.
«Acnur espera que todos los países, incluido Estados Unidos, hagan posible la protección y la asistencia humanitaria», dijo.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés), la ONG Southern Poverty Law Center y el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR) ya presentaron una demanda impugnando la orden.
«Desde los horrores de la Segunda Guerra Mundial, las naciones del mundo se han comprometido a darles a los solicitantes de asilo la oportunidad de buscar refugio. La administración Trump no puede desafiar este principio humanitario más elemental», dijo Baher Azmy, del CCR.
«Buscar protección en México»
La orden ejecutiva, que rige a partir de esta medianoche, estará vigente por 90 días, eventualmente renovables.
Pero la administración Trump explícitamente busca que el gobierno mexicano se haga cargo del tema, al estipular que el decreto dejaría de estar en vigor si se llega a un acuerdo que «permita a Estados Unidos expulsar a extranjeros a México».
Para eso, el decreto señala que el secretario de Estado y el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos consultarán con el gobierno mexicano sobre cómo «desalentar, disuadir y hacer retornar» a los grupos de extranjeros antes de que ingresen a Estados Unidos.
Según el gobierno estadounidense, las patrullas fronterizas registraron más de 400.000 ingresos ilegales en 2018. Y en los últimos cinco años, el número de solicitantes de asilo ha aumentado en un 2.000%, desbordando el sistema, que tiene más de 700.000 casos acumulados para procesar.
Las autoridades estadounidenses consideran que como México es el primer «país seguro» al que llegan los migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, las solicitudes de asilo deben presentarse allí.
«Sin duda, México es un país seguro para estas personas que huyen de la persecución», dijo el viernes a periodistas un funcionario del gobierno.
«Deberían buscar protección en México», señaló.
Estados Unidos manda regularmente a inmigrantes mexicanos indocumentados de regreso a su país, pero ha tenido dificultades para obtener cooperación para repatriar a hondureños, salvadoreños y guatemaltecos.
Tres caravanas, miles de soldados
A pesar de las severas advertencias de Trump, miles de centroamericanos que dicen escapar de la violencia y la pobreza en sus países marchan actualmente a través de México en busca del «sueño americano».
La principal caravana, que desató la oleada migratoria, partió el 13 de octubre de San Pedro Sula, Honduras. Pero de los más de 5.500 integrantes, en su mayoría hondureños, que estaban alojados en los últimos días en un albergue en Ciudad de México, sólo unos cientos reanudaron este viernes su marcha hacia la frontera norte, constató la AFP.
A este grupo le siguen a la distancia dos más, con unos 2.000 migrantes cada uno.
Trump acusa a los migrantes de protagonizar una «invasión» y para contenerlos dispuso el envío de miles de soldados a la frontera sur.
El lunes, unos 4.800 soldados fueron desplegados (1.100 en California, 1.100 en Arizona y 2.600 en Texas), informó el Pentágono, que dijo que «pronto» espera tener más de 7.000 soldados en servicio activo en la la zona.
Unos 2.100 reservistas de la Guardia Nacional llevan ya varios meses en la frontera. (09/11/2018)
