Sosegado por la caída de la movilización de los «chalecos amarillos» durante el fin de semana, el gobierno francés inicia una carrera contrarreloj para implementar las medidas de Emmanuel Macron, quien reunirá este martes en el Elíseo a ministros y representantes de aseguradoras privadas.
Centrado en esta crisis sin precedentes, el jefe de Estado anuló su desplazamiento a Biarritz, en el sur del país, donde debía lanzar la presidencia francesa del G7. Lo hizo para preparar la «gran concertación nacional», destinada a calmar la tensión.
Es una «priorización normal de mi agenda», declaró Macron al margen de un encuentro con el presidente de Burkina Faso, Roch Marc Kaboré, en el Palacio del Elíseo. El martes reunirá «el conjunto de mutuas y aseguradores privados» y «ministros para organizar el debate público nacional que deseo finalizar y clarificar en sus reglas de aquí al miércoles, lo que imponía mi presencia en París», añadió.
Las modalidades de este gran debate, previsto hasta el 1 de marzo, todavía no están claras. Tiene que apoyarse en gran parte en los alcaldes y abordar cuatro grandes temas (transición ecológica, fiscalidad, organización del Estado y democracia ciudadana — donde se ha incluido la inmigración).
Entretanto, el primer ministro Edouard Philippe abrió una semana decisiva detallando en una entrevista con el diario Les Echos las medidas anunciadas hace seis días por el presidente.
Entre ellas un aumento de 100 euros mensuales para los trabajadores que ganen el salario mínimo, la defiscalización de las horas extras o la exención de un aumento de impuestos para algunos jubilados.
Estas medidas tendrán un costo de «10.000 millones de euros» para las arcas públicas, y harán que el déficit alcance en 2019 el 3,2% del PIB, según las autoridades.
Para atenuar su impacto en el Tesoro, el gobierno decidió aplazar un año una reducción impositiva a las empresas que iba a aplicarse en 2019. La medida se aplicará no obstante a las empresas que facturen menos de 250 millones de euros anuales.
Estas medidas serán presentadas en forma de proyecto de la ley el miércoles en el Consejo de Ministros, antes de pasar a la Asamblea el jueves y al Senado el viernes.
«Encontrar una solución»
En el terreno, varias rotondas bloqueadas por los manifestantes empezaron a ser evacuadas. Estos desalojos van a «continuar», afirmó el ministro del Interior, Christophe Castaner. «Lo digo claramente. ‘íYa basta!'», insistió, añadiendo que «no podemos seguir paralizando la economía francesa».
En Quimperlé, en la Bretaña (oeste), los «chalecos amarillos» fueron desalojados «varias veces» por las fuerzas de seguridad de una rotonda que ocupaban cerca de una zona comercial. «Nos expulsan de nuestras rotondas, así que damos vueltas, erramos, nos instalamos, nos desalojan de nuevo, tenemos que encontrar una solución», explicó a la AFP uno de ellos, Christian Heurdier.
La noche del domingo hubo incendios en varias instalaciones de autopistas del sur de Francia. Desde hace semanas, los peajes y otras instalaciones están siendo dañados. El lunes por la mañana la empresa Vinci, que gestiona las autopistas, dio cuenta de menos manifestaciones pero aclaró que algunos cruces seguían perturbados, incluso algunos cerrados.
Una de las principales reivindicaciones de los «chalecos amarillos» es la instauración de un Referéndum de Iniciativa Ciudadana (RIC), a la que el primer ministro se mostró favorable «pero no de cualquier manera».
«No quiero que mañana nos despertemos con la pena de muerte en nuestro país», advirtió por su parte Stanislas Guerini, delegado general del partido de Macron.
(17/12/2018)
