Un juez federal estadounidense impuso este miércoles un nuevo revés a la política contra la inmigración del presidente Donald Trump invalidando su decisión de excluir del derecho al asilo a las víctimas de violencia doméstica y a quienes huyen de las pandillas.
El juez federal Emmet Sullivan estimó que estas restricciones son «arbitrarias, caprichosas y están en contradicción con las leyes de inmigración».
«Es la voluntad del Congreso – y no los antojos del ejecutivo-, lo que determina los criterios para la expulsión», escribió el magistrado.
Para la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) esta «es otra derrota para la política de asalto total que el gobierno de Trump lanzó contra los derechos de los demandantes de asilo».
El pasado 11 de junio, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunció que ser víctima de violencia doméstica o estar en la mira de una pandilla no eran razón suficiente para pedir asilo.
Entonces, 12 personas que pedían asilo originarias de Centroamérica y que estaban bajo amenaza de expulsión, interpusieron un recurso ante la justicia, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos.
El juez Sullivan les dio la razón suspendiendo las restricciones y ordenando que sus órdenes de deportación fueran canceladas, estableciendo además que quienes ya hayan sido deportados volvieran a Estados Unidos.
En agosto, este juez frenó un proceso de deportación de una madre y de su hija, ordenando al gobierno a que permitiera el regreso a Estados Unidos del avión que las había llevado de retorno a El Salvador. Aunque el avión no dio media vuelta, la madre con su hija no abandonaron la nave y pudieron ser trasladadas otra vez a Estados Unidos.
Entonces, el juez denunció al diario The Washington Post el hecho de que alguien en búsqueda de justicia en un tribunal estadounidense sea expulsado mientras sus abogados están pidiendo justicia.
«No estoy para nada feliz con esto», aseguró.
El mes pasado, un juez de la ciudad de San Francisco (oeste) suspendió un decreto firmado el 9 de noviembre por Trump en el cual establecía que solo podían pedir refugio en Estados Unidos quienes entraran por puestos de control oficiales, y no los que cruzaran de manera clandestina.
