A 85 se elevó el número de muertos por la explosión el viernes de un ducto de combustible mientras era saqueado por cientos de civiles en el centro de México, informó este domingo el gobierno, mientas familiares ya daban sepultura a algunos de los fallecidos.
«En estas horas se han sumado otros seis que nos dan una cifra de 85 fallecidos», dijo el ministro de Salud, Jorge Alcocer, en conferencia de prensa desde el palacio presidencial en Ciudad de México.
Los seis nuevos decesos son de personas que recibían atención médica, lo que redujo a 58 el número víctimas hospitalizadas tanto en el estado de Hidalgo, donde ocurrió la catástrofe, como en centros médicos del vecino estado de México y la capital del país.
Hasta el momento, 59 de los cadáveres no han podido ser identificados debido a su estado de calcinación, explicó el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien agregó que 54 familias han entregado muestras de ADN para apoyar en su reconocimiento.
Detalló además que 65 personas han asentado denuncias legales porque sus familiares no aparecen, aunque estimó que éstos podrían hallarse entre los hospitalizados o entre los restos no identificados.
«Pueden pasar días, semanas o meses para la identificación de los restos», reconoció Fayad, quien dijo que cuenta con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para enviar los restos a laboratorios del extranjero donde pueda lograrse la identificación.
Los heridos más graves son atendidos en Ciudad de México, mientras que tres menores serán tratados en una clínica especializada en niños quemados en Texas, Estados Unidos, informó el gobernador.
Primeros funerales
En una iglesia del poblado de Tlahuelilpan, donde ocurrió la catástrofe, decenas de personas se daban cita a media tarde para despedir a los fallecidos y acompañar a sus familiares.
«Tuvo que pasar algo como esto para que nos pongamos a reflexionar», señaló Miguel Hernández, un motociclista de la zona de 29 años.
El ducto fue perforado la tarde del viernes por delincuentes que provocaron la salida de un potente chorro de gasolina, semejante a un géiser, según imágenes de medios locales.
La fuga atrajo a unos 700 pobladores de Tlahuelilpan, incluidas familias enteras, que con baldes y bidones recolectaban la gasolina cuando los sorprendió la explosión.
En medio de la inmensa bola de fuego todo era caos: personas gritando y corriendo mientras ardían en llamas o exhibiendo severas quemaduras en el cuerpo.
«Mucha gente ya estaba en eso, hay una buena reflexión en no seguir apoyando la compra ilegal de la gasolina», agregó Hernández.
«Se busca»
A unos metros de la iglesia, varias personas buscaban todavía a sus familiares. Muchos pusieron fotografías de sus seres queridos con datos de contacto y la leyenda «se busca» en un centro cultural de la localidad donde hay personal del gobierno federal.
Junto a las fotos, el gobierno proyectó una lista con las personas desaparecidas, con señas particulares y un contacto telefónico. «Ya nos cansamos de estar buscando en hospitales», dijo Moisés Mejía, de 54 años, quien acompañado por familiares buscaba a su esposa Karina Ugalde y a su cuñada Angélica.
«Ya dimos el ADN de su papá para ver si están en (la cercana) Tula. Exigimos que busquen más (en el lugar de la explosión). ¿Para qué echaron tierra ahí?», agregó.
En la zona del desastre solo quedaban militares resguardando el perímetro. Las labores de búsqueda terminaron desde la noche del sábado.
La entrega de cuerpos era lenta pues depende de las pruebas genéticas.
En tanto, los funerales se sucedían en Tlahuelilpan. «íSe va para siempre!», dijo una mujer mientras los restos de César Jiménez son trasladados en una carroza fúnebre.
No «victimizar»
El fiscal general de México, Alejandro Gertz, dijo que continúan evaluando hipótesis sobre las causas de la explosión. Consultado sobre si los heridos serán considerados sospechosos por haber estado saqueando propiedad estatal, Gertz dijo que se buscará a los responsables sin «victimizar a las comunidades».
El desastre ocurre cuando el gobierno del izquierdista López Obrador aplica una estrategia para combatir el robo y tráfico de combustible, conocido popularmente como «huachicoleo», delito que genera al Estado pérdidas anuales por unos 3.000 millones de dólares, según datos oficiales.
En tanto, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá expresaron sus condolencias a los deudos durante el fin de semana y ofrecieron ayuda a México para afrontar la tragedia.
(21/01/2019)
