La justicia especial de paz en Colombia citó este lunes a los jefes de la otrora guerrilla comunista FARC para que den sus versiones sobre los miles de secuestros que se les atribuyen en el marco del conflicto armado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) «ordenó a los 31 miembros del Estado Mayor de las extintas FARC rendir versión (…) en el marco del Caso 001», como se conoce al proceso por retenciones ilegales de personas, indicó el tribunal en un comunicado.
«Esta versión tiene como propósito el acopio de información para contribuir a la búsqueda de la verdad», afirmó la JEP, surgida del acuerdo de paz de 2016 para juzgar los crímenes cometidos durante los enfrentamientos.
La asistencia a estas versiones, que se realizarán de forma privada entre el 14 de febrero y el 27 de mayo, es presencial, «obligatoria» y en ellas «esperamos que (los excomandantes) cuenten toda la verdad», explicó en rueda de prensa la magistrada Julieta Lemaitre.
Lemaitre señaló que los magistrados de la JEP oirán los testimonios de los excomandantes y los contrastarán con nueve informes de la fiscalía, de organizaciones sociales y de víctimas.
A partir de toda la información, los jueces sacan una conclusión de los hechos y conductas. Los comparecientes deben decir si la aceptan o no. En caso de que sí, se realizará un evento público en el que reconocen la verdad y lo aceptan ante las víctimas.
Si los jueces consideren que el compareciente miente o no acepta la verdad, el tema irá a juicio.
La inasistencia de alguno de los excomandantes citados podría considerarse un incumplimiento, agregó la magistrada, por lo que el involucrado podría perder los beneficios del acuerdo de paz.
El paradero y el compromiso de varios líderes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el acuerdo de paz es incierto, pues algunos han denunciado incumplimientos de parte del Estado.
Entre ellos se encuentran el jefe negociador Iván Márquez, quien desde hace meses se trasladó a un paraje desconocido en el sur del país tras denunciar «perfidia» del Estado colombiano.
Por el caso 001 de la JEP, los líderes de la exguerrilla empezaron a responder en julio de 2018 tras suscribir el histórico pacto que los desarmó y transformó en partido.
La fiscalía ha documentado 6.162 casos de secuestro, con 8.163 víctimas, que involucran a los rebeldes. En este proceso, la jurisdicción especial conocerá los delitos relacionados con esta práctica entre 1993 y 2012.
El pacto de paz que dio origen a la JEP prevé otorgar penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia, sean guerrilleros o militares.
