Estados Unidos anunció este martes que pedirá en la ONU que se permita el ingreso de ayuda humanitaria extranjera en Venezuela, al aumentar su apuesta diplomática para forzar la salida del poder de Nicolás Maduro.
«Mientras los venezolanos eran baleados y golpeados y asesinados cuando intentaban ingresar alimentos y medicinas a su país, Maduro literalmente bailaba en Caracas», dijo el representante estadounidense para Venezuela, Elliott Abrams, en una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU convocada por Washington.
Abrams dijo que el gobierno de Maduro es «corrupto, fraudulento e incompetente» y pidió a los Estados miembro de la ONU que lo presionen «para que salga del poder de manera pacífica».
No evocó en su discurso la posibilidad de una opción militar, e informó a la prensa que Estados Unidos piensa someter a votación esta semana en el Consejo un proyecto de resolución que exige «admitir la ayuda humanitaria en Venezuela», aunque posiblemente sea vetado por Rusia y China, que apoyan a Maduro.
«Sería vergonzoso que se vetara una resolución que pide ayuda humanitaria», dijo Abrams.
Las resoluciones del Consejo, que son vinculantes, deben obtener nueve votos para ser aprobadas y ningún veto de los cinco miembros permanentes (Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Estados Unidos).
Maduro denuncia que la ayuda humanitaria extranjera representa el inicio de una intervención armada para derrocarle, «pero está muy claro: solo el régimen de Maduro está usando la violencia» contra los venezolanos, afirmó Abrams.
Cuatro personas murieron y cientos resultaron heridas el fin de semana en violentos choques entre fuerzas de Maduro y manifestantes que defendían el ingreso de ayuda humanitaria en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil, según la ONG Foro Penal.
Estados Unidos y sus aliados «quieren derrocar un régimen que no les conviene», denunció por su lado en el Consejo el embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia.
El Grupo de Lima descartó el lunes el uso de la fuerza contra Maduro, aunque el vicepresidente estadounidense Mike Pence, que asistió a la reunión del grupo en Bogotá, dijo que «todas las opciones están sobre la mesa».
«Mi deber es estar en Caracas»
«Hay que permitir que la ayuda humanitaria ingrese al país», coincidieron ocho países europeos, incluidos cinco que integran el Consejo de Seguridad (Gran Bretaña, Alemania, Francia, Bélgica y Polonia), en una declaración divulgada este martes.
Los europeos también llamaron a organizar elecciones presidenciales «libres, transparentes y creíbles» en Venezuela, y pidieron evitar el recurso a la fuerza.
En Bogotá, Pence se reunió con el opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por Estados Unidos y medio centenar de países, y quien también asistió a la reunión del Grupo de Lima en Bogotá. Y le dio un fuerte espaldarazo: «Estamos con usted 100%».
Guaidó, presidente del Parlamento, anunció que regresará a Venezuela esta semana, tras haber burlado una orden de la justicia que le impedía salir del país. «Mi deber es estar en Caracas a pesar de los riesgos», dijo este martes desde Bogotá.
Estados Unidos y Colombia dijeron estar seriamente preocupados por la seguridad de Guaidó cuando regrese a Venezuela.
En Caracas, un equipo de la cadena Univisión fue retenido el lunes por más de dos horas en la sede de la presidencia venezolana durante una entrevista a Maduro, que se enojó cuando el periodista Jorge Ramos le mostró un video de jóvenes hurgando comida en la basura.
Univisión dijo que Maduro «ordenó detener la grabación, decomisar los equipos y retener a los periodistas», y denunció que fueron deportados este martes, sin que les devolvieran el equipamiento.
Un muro diplomático
Estados Unidos anunció asimismo esta semana el congelamiento de activos de cuatro gobernadores alineados con Maduro en represalia por la represión de manifestantes que defendían el ingreso de ayuda humanitaria extranjera reclamado por Guaidó.
Washington también pidió al Grupo de Lima que transfiera los activos de la compañía estatal petrolera PDVSA a Guaidó, y que no dejen ingresar al «círculo íntimo de Maduro» a sus países.
Y anunció un nuevo desembolso de 56 millones de dólares para los países que reciben migrantes venezolanos, elevando a 195 millones la suma donada en los últimos dos años para que la región enfrente el éxodo de 2,7 millones de venezolanos desde 2015.
El Grupo de Lima aseguró por su lado que pedirá a la Corte Penal Internacional (CPI) considerar la «violencia criminal del régimen» de Maduro ante la «grave situación humanitaria» que está generando en Venezuela.
Creado en 2017 para intentar hallar una solución diplomática a la crisis en Venezuela, el Grupo de Lima integra a 13 países latinoamericanos y a Canadá, pero México, Costa Rica y otros dos países se mantuvieron al margen de la última cita en Bogotá.
Venezuela atraviesa la peor crisis de su historia moderna, con hiperinflación y escasez de alimentos y medicamentos.
