Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil, sufrió en los últimos días reveses que podrían cortarle las alas cuando parecía haber conquistado sólidas posiciones de poder, exactamente cinco años después de su inicio.
La mayor afrenta la experimentó el jueves, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió que crímenes como el de lavado de dinero deben ser juzgados por cortes electorales -y no por los penales- si están asociados a la financiación ilegal de campañas (‘Caja 2’).
«Hoy empezó a cerrarse la ventana del combate a la corrupción política que se abrió hace cinco años, con el inicio de Lava Jato», lamentó Deltan Dallagnol, el principal fiscal de esa operación en Curitiba (sur), de donde salieron la mayoría de las denuncias que dinamitaron el sistema político.
«Como en Brasil todo político corrupto pide sobornos con el pretexto de usarlo en campañas (…), prácticamente todas las investigaciones de Lava Jato irán a la Justicia Electoral», que «históricamente no condena ni manda a nadie a la cárcel», advirtió su colega Diogo Castor en el portal O Antagonista.
Para el abogado constitucionalista Daniel Vargas, en cambio, «lo que se está cerrando es la ventana de abusos en el combate a la corrupción y no el combate a la corrupción en sí mismo».
Vargas se refería a métodos puestos en boga por «la República de Curitiba», como las prisiones preventivas, las delaciones a cambio de reducciones de pena o la ejecución de penas de prisión antes del agotamiento de todos los recursos judiciales.
– Una ‘disputa de poder’
Uno de los once magistrados del STF, Gilmar Mendes, acusó a los fiscales de recurrir a un «modelo dictatorial».
«Hay que combatir la corrupción dentro del estado de derecho y no cometiendo crímenes, amenazando», declaró. «De lo que se trata aquí, aparte de una disputa de competencia, es de una disputa de poder», machacó.
El 17 de marzo de 2014 se abrió una investigación sobre cambistas de dinero que operaban en un lavadero de autos (un «lava jato») de Brasilia.
La pesquisa desveló una red de sobornos pagados por constructoras a políticos de casi todos los partidos, para obtener contratos en la estatal Petrobras. El escándalo se extendió a una docena de países.
La operación desembocó en 155 condenas que totalizan 2.242 años y 5 días de prisión en Brasil. Entre los encarcelados hay empresarios que parecían intocables y políticos de primer plano. El principal de ellos, el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, purga 12 años de cárcel en la sede de la Policía Federal de Curitiba.
En ese paisaje de tierra arrasada, el ultraderechista Jair Bolsonaro fue elegido presidente. Y Bolsonaro designó ministro de Justicia a Sergio Moro, el juez que firmó la mayor parte de las condenas de Lava Jato.
Moro justificó su ingreso al gobierno como «una oportunidad de impulsar la lucha contra la corrupción desde otra esfera de poder». Y aseguró que no veía «riesgo de autoritarismo ni riesgo para la democracia» en Bolsonaro, un excapitán que reivindica la dictadura militar (1964-85) y sus métodos de tortura.
Pero su decisión generó perplejidad y críticas. Para Daniel Vargas, «retiró la máscara de independencia e imparcialidad que durante mucho tiempo pareció existir en las acciones de Moro».
– Pasos en falso
Los fiscales dieron pie a otras críticas al firmar un acuerdo con Petrobras para administrar un fondo de 1.250 millones de reales (325 millones de dólares), con parte de las multas pagadas por la petrolera en Estados Unidos y revertidas a Brasil.
Una iniciativa en la que muchos vieron una extrapolación de funciones y la prueba de que la «República de Curitiba» alimentaba ambiciosos proyectos.
Un magistrado del STF, Alexandre de Moraes, suspendió el viernes ese acuerdo y ordenó bloquear el dinero.
El presidente del STF, Dias Toffoli, pidió además abrir una investigación sobre fiscales, por presuntas calumnias contra miembros del máximo tribunal.
– ¿El golpe final?
Ahora la atención se dirige hacia la sesión del STF del 10 de abril, que discutirá si un condenado debe empezar a cumplir su pena después de ser sentenciado en segunda instancia o si tiene derecho a agotar todos los recursos en libertad.
En este último caso, Lava Jato se vería privada de una de las herramientas que explican su popularidad, dado que anteriormente era excepcional ver tras las rejas a personajes con medios económicos para eternizar sus procesos.
Para Daniel Vargas, se trata de «un problema complejo», que no puede ser resuelto «con remiendos».
«La Constitución establece un criterio» de garantía de la presunción de inocencia «y si no nos gusta, hay que cambiar la Constitución», afirma.
La victoria de la presunción de inocencia podría liberar a numerosos presos que no sean objeto de prisión preventiva.
Entre ellos, Lula.
(16/03/2019)
