La Cámara baja de Colombia rechazó este lunes las objeciones del presidente Iván Duque a apartados del proyecto de ley que regula el sistema de justicia creado en el acuerdo de paz con la exguerrilla FARC para juzgar delitos cometidos en el conflicto armado.
La plenaria de la Cámara de Representantes, con 110 votos por el sí y 44 votos por el no, aprobó «el rechazo de las objeciones presidenciales» a la regulación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), indicó la cámara en Twitter.
Las objeciones a la justicia de paz, considerada la columna vertebral del acuerdo suscrito en 2016 por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con la otrora guerrilla comunista, ahora se discutirán en el Senado en fecha por definir.
El estatuto que dio origen a la JEP fue avalado por el Congreso en 2017 y por la Corte Constitucional, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna.
Pero Duque, que asumió el poder en agosto con la promesa de modificar el pacto por considerarlo indulgente con los rebeldes, objetó el 10 de marzo seis de los 159 artículos del proyecto de ley que regula a la JEP.
El mandatario cree «inconveniente», entre otros, que no se investiguen cada uno de los crímenes graves de los exguerrilleros, que la JEP practique pruebas en casos de rebeldes solicitados en extradición y que no se honren esas solicitudes para juzgarlos en otros países.
En lo convenido quedó establecido el compromiso que impide la extradición a Estados Unidos de miembros del ahora partido FARC.
Las partes habían acordado que ningún rebelde podría ser entregado a la justicia estadounidense por acciones cometidas antes de la firma de la paz, aunque quienes hayan incurrido en narcotráfico después de 1 de diciembre de 2016 enfrentarán una eventual extradición.
La decisión del Senado, donde el gobierno no cuenta con mayorías claras, prevé debates jurídicos por lo inhabitual de las objeciones en Colombia y diferentes interpretaciones normativas.
Si la Cámara alta las aprueba, podrían archivarse las partes objetadas o la totalidad del proyecto. Si las rechaza, el mandatario deberá sancionarlo tal y como fue aprobado previamente por el Congreso y el alto tribunal, explicó a la AFP el constitucionalista Jorge Iván Cuervo.
«Cualquiera sea el resultado, la Corte dirime», explicó este profesor de la Universidad Externado de Bogotá.
Suscrito a finales de 2016, el pacto prevé que los responsables de delitos graves cometidos durante el prolongado conflicto, ya sean exguerrilleros o militares, reciban penas alternativas a la prisión si confiesan sus crímenes, reparan a sus víctimas y nunca más vuelven a ejercer la violencia.
Respaldado por la ONU, el acuerdo condujo al desarme de unos 7.000 combatientes y ha evitado la muerte de unas 3.000 personas al año. Desde 2018 los máximos responsables de la exguerrilla comenzaron a comparecer ante la justicia de paz.
