La justicia española está investigando el presunto blanqueo en el país de 35 millones de euros (39,4 millones de dólares), procedentes del robo de 230 millones de dólares a la Hacienda rusa por parte de una trama criminal desvelada en el célebre «caso Magnitsky».
En un auto fechado el jueves y difundido este viernes, el juez instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno admitió a trámite una denuncia presentada por la fiscalía anticorrupción española por «un presunto delito de blanqueo de capitales y organización criminal».
El caso, con ramificaciones en otros países como Francia, Dinamarca o Suecia, se conoce mundialmente por el nombre del abogado ruso Sergei Magnitsky.
Este letrado descubrió que en 2007 la sociedad Hermitage Capital Management, dedicada a asesorar inversores en mercados emergentes, fue víctima de un gigantesco fraude. En él, banqueros, abogados y funcionarios de la administración rusa se apropiaron de 230 millones de dólares que le correspondían a aquella firma en concepto de devolución fiscal por parte de la Hacienda rusa.
Magnitsky fue detenido en noviembre de 2008, sufrió malos tratos sistemáticos y murió en prisión un año más tarde, en un caso que desató una tormenta diplomática contra el Kremlin y en 2012 se tradujo en sanciones estadounidenses a los oficiales rusos relacionados con el asunto.
La denuncia de la fiscalía anticorrupción española, consultada por AFP, recuerda que desde 2008 el dinero robado fue blanqueado «a través de una estructura internacional de sociedades, bancos y países de escasa o nula transparencia».
La fiscalía señala en su denuncia admitida a trámite que en España concretamente aterrizaron más de 35 millones de euros, procedentes en buena parte de cuentas domiciliadas en Estonia.
La red de blanqueo destinó presuntamente ese dinero a la compra de activos inmobiliarios y otros bienes como piezas de recambio de automóviles, equipos de construcción, calzado, telas o mobiliario.
Sus beneficiaron fueron «varias sociedades y principalmente individuos de origen ruso y la ex Unión Soviética», detalla la denuncia, que solicita investigar a decenas de personas citadas en sus diligencias.
El jefe de Magnitsky era Bill Browder, un financista británico convertido en activista anti Kremlin, que el pasado mayo viajó a Madrid para aportar información sobre el caso a la fiscalía anticorrupción.
Browder, embarcado en una campaña mundial en memoria del que fuera su empleado, fue brevemente detenido en Madrid el 30 de mayo de 2018, en virtud de una confusa orden de arresto que según Interpol nunca existió.
El jefe de Hermitage Capital sostiene que fue detenido a pedido de Rusia, y este miércoles pasado escribió en su cuenta de Twitter, refiriéndose a la denuncia de la fiscalía española, que «esto es exactamente lo que (el presidente ruso Vladimir) Putin trata de impedirme hacer».
«Ésa esa la razón por la que los rusos me persiguen por todo el mundo», añadió en su tuit.
En diciembre de 2017, Browder fue condenado en ausencia por un tribunal moscovita a nueve años de prisión por «quiebra deliberada» y evasión fiscal. El propio Magnitsky, pese a estar ya muerto, fue también condenado en 2013 por la justicia rusa por «evasión fiscal a gran escala».
(12/04/2019)
