El suicidio del expresidente peruano Alan García este miércoles, momentos antes de ser detenido por un caso de presunta corrupción vinculado al escándalo Odebrecht, se produjo un día después de que declarara a la prensa que sería «una gran injusticia» ir a prisión.
«Con especulaciones no se priva a personas de la libertad, ni siquiera de manera preliminar. Me parece que eso sería una gran injusticia», dijo García la noche del martes en una entrevista al canal de televisión de RPP donde defendió su inocencia.
«Rechazo tajantemente eso. Es una cobardía intelectual, es demagogia jurídica», resaltó sobre versiones periodísticas de que habría recibido sobornos a través de testaferros. «No le temo a una prisión preliminar. No poder salir del país es una forma de prisión también», agregó el exmandatario recordando que desde noviembre pasado pendía en su contra una orden de impedimento de abandonar Perú por 18 meses.
Alan García, de 69 años, lucía tranquilo durante la entrevista, que matizó con algunas bromas en medio de la severidad de sus descargos y críticas a los fiscales del caso LavaJato/Odebrecht que lo investigan. «Ratifico la limpieza de mis actos y mi aversión a tener los millones que muchos creen que yo tengo», indicó.
El expresidente reiteró que la fiscalía carecía de pruebas que justificasen una orden de detención o prisión preventiva en su contra. «Ningún documento me menciona. Puedo decirles que yo para robar no nací», declaró luego García al canal N de televisión.
El suicidio de García representa el primer caso de un investigado por el escándalo Odebrecht que se quita la vida en un país donde hasta cuatro exgobernantes están bajo la lupa de la fiscalía por presunto lavado de activos. García, que gobernó Perú de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011, murió este miércoles en un hospital tras dispararse en la cabeza cuando la policía se disponía a detenerlo en su casa.
«Soy el hombre más investigado del Perú en los últimos 30 años y lo que tengo es absolutamente producto de mi trabajo y así se ha demostrado», añadió a la televisora canal N.
La fiscalía lo investiga por lavado de activos, en el marco de una investigación por supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener un contrato de construcción para el metro de Lima, durante su segundo mandato (2006-2011).
La fiscalía también investigaba a García y otros 21 funcionarios por conspirar supuestamente para «facilitarle» a la empresa holandesa ATM Terminals, ganar en 2011 la concesión de la Terminal Norte del puerto del Callao, vecino a Lima.
El escándalo de Odebrecht en Perú también ha dejado bajo la lupa de la fiscalía a los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), así como la opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva desde hace un mes.
(17/04/2019)
