Un año después del primer juicio político en su contra, el expresidente Donald Trump enfrentará desde el martes un segundo proceso en el Senado, cuyos miembros deben determinar si incitó un asalto al Capitolio que dejó cinco muertos el mes pasado.
Los 100 senadores también entrarán en territorio controvertido e inexplorado cuando juzguen a un presidente que ya no está en el cargo.
Aunque sigue gravitando en su partido a pesar de haber dejado la Casa Blanca, Trump aparece hoy políticamente debilitado.
En el centro de los procedimientos de la próxima semana está el ataque del 6 de enero, cuando varios cientos de partidarios de Trump irrumpieron en el Congreso, se enfrentaron a la policía y trataron de detener la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.
El levantamiento, que según algunos legisladores demócratas fue un intento de golpe protagonizado por terroristas autóctonos, ha sido descrito como el mayor ataque a la democracia estadounidense desde la Guerra Civil de 1860.
La asonada dejó a los miembros del Congreso tan conmocionados y a la nación tan enfurecida que los demócratas comenzaron de inmediato el proceso de destitución contra Trump dos semanas antes del final de su mandato.
El 13 de enero, la Cámara de Representantes lo acusó de «incitación a la insurrección», convirtiendo a Trump en el primer presidente en ser sometido dos veces a un juicio político. Ningún otro comandante en jefe ha sido tan deshonrado.
Sin embargo, no hay precedentes de una condena a un presidente por el Congreso, y es probable que esta no sea la excepción.
Uno de los principales objetivos de los demócratas que impulsaron el juicio político sería lograr que Trump ya no pueda ocupar un cargo electivo en el futuro.
Las cadenas estadounidenses cubrieron el ataque al Congreso en vivo y algunos videos que circularon por todo el mundo muestran a protagonistas de la asonada afirmar: Trump «quiere que estemos aquí», asaltando el Capitolio.
Los críticos del expresidente afirman que violó su juramento al incitar a sus partidarios a lanzar el ataque.
El magnate republicano y sus aliados argumentan que el juicio en sí es inconstitucional, porque el Senado puede condenar y destituir a un presidente en ejercicio, pero no a un ciudadano particular.
Ese enfoque permitiría a la defensa y a los senadores republicanos evitar tener que defender los ardientes tuits y diatribas de Trump en el período previo al ataque.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien reunió a un equipo de nueve demócratas para actuar como relatores del juicio político, insistió en que no condenar al expresidente dañaría a la democracia estadounidense.
«Veremos si este Senado es valiente o cobarde», dijo Pelosi a la prensa el jueves.
Un «barril de pólvora»
Condenar a Trump requeriría el voto de más de dos tercios de los senadores, lo que significa que 17 republicanos necesitarían romper filas y sumarse a los 50 demócratas, algo poco probable en este momento.
Pero el exmagnate inmobiliario tiene mucho que perder en el juicio, que se transmitirá en vivo a los hogares de todo el país.
Aunque conserva una sólida base de apoyo, los disturbios han erosionado su popularidad, lo que no es bueno para un hombre de 74 años que pretende postularse en las elecciones presidenciales de 2024.
En un informe previo al juicio que resumió sus argumentos, el equipo de nueve demócratas reunido por Pelosi acusa a Trump de «fabricar un barril de pólvora, encender una cerilla y luego buscar sacar una ventaja personal del caos resultante».
También señalaron su intención de traer a colación las numerosas declaraciones públicas incendiarias del propio Trump, incluido su discurso del 6 de enero previo a los disturbios pronunciado ante una multitud de seguidores cerca de la Casa Blanca instándolos a «demostrar su fuerza» y «luchar como el infierno».
Los abogados defensores se enfocaron a su vez en dos puntos: que el juicio es «discutible» porque Trump no puede ser destituido de un cargo que ya no ocupa, y que el presidente hizo uso de su derecho a la libre expresión cuando formuló dudas sobre el resultado electoral y cuando pronunció su inflamado discurso del 6 de enero.
Los parámetros del juicio aún no se han establecido.
Si bien los demócratas no han señalado qué pruebas usarán ni a quiénes podrían convocar como testigos, por ejemplo los agentes policiales que servían en el Capitolio, su invitación para que Trump testifique fue rechazada por el equipo del expresidente.
Según los informes, los demócratas no están considerando la idea de obligar a Trump a declarar.
Los republicanos, divididos sobre la orientación futura del partido, no quieren profundizar aún más sus diferencias por este episodio.
Muchos demócratas pretenden por su lado priorizar los acuerdos con la oposición para aprobar el gigantesco paquete presentado por el presidente Biden para combatir la pandemia de COVID-19.
(07/02/2021)
