Perú quedó sumido en un escándalo de corrupción en plena pandemia, tras afirmarse que altos funcionarios fueron presuntamente vacunados contra el COVID-19 antes de la campaña oficial de inmunización.
La tormenta política, que estalló el jueves, tiene al expresidente Martín Vizcarra bajo fuego de sus rivales y los medios, acusado de haberse «vacunado» en secreto en octubre, semanas antes de que fuera destituido por el Congreso en un juicio político relámpago.
La primera vacunación anticovid-19 ocurrió en Gran Bretaña en diciembre pasado, tras las fases de prueba de las vacunas de varios laboratorios en numerosos países. En Perú comenzó el pasado martes, con la inmunización del personal sanitario.
Vizcarra alegó que fue «voluntario» en el ensayo de la vacuna china de Sinopharm en Perú, antes de que la misma recibiera la luz verde el 31 de diciembre, pero una universidad a cargo del estudio negó que el mandatario formara parte de la prueba.
El exmnadatario, que dejó el poder con un alto nivel de aprobación, pidió este lunes «disculpas» a sus compatriotas «por no haber informado de ese hecho en ese momento», pero insistió en que fue voluntario del ensayo, igual que su esposa y un hermano.
«Me someto a las investigaciones (de la fiscalía) en aras a esclarecer esta situación», agregó, negando que haya «mentido» o cometiera un delito.
La tormenta política derivó en huracán el domingo, cuando la canciller del actual presidente interino Francisco Sagasti, Elizabeth Astete, reconoció que ella se había vacunado el 22 de enero y dimitió.
«La renuncia de la ministra (…) es un hecho político muy importante. Los opositores a Vizcarra y a Sagasti de alguna manera ganan» de cara a las elecciones del 11 de abril, dijo a la AFP el analista Luis Benavente.
Astete, sustituida el lunes por el excanciller Allan Wagner, fue la segunda ministra de Sagasti en caer por el asunto de las vacunas tras la titular de Salud, Pilar Mazzetti, el viernes.
Dosis extras
La revelación de Astete colocó al gobierno de Sagasti en el centro de la controversia, en la que antes solo estaba Vizcarra. Además, ella fue inmunizada cuando la vacuna ya había sido aprobada.
«Me siento indignado y furioso por esta situación», declaró el presidente el domingo.
La fiscalía comenzó a investigar si hay otros funcionarios (de Vizcarra o Sagasti) que fueron inmunizados reservadamente. El domingo se conoció que Sinopharm entregó a Perú 3.200 dosis extras, aparte de las destinadas a los 12.000 voluntarios.
La embajada china expresó este lunes que «no tiene información de la identidad de los vacunados», pues el ensayo estuvo a cargo de universidades peruanas, y rechazó el uso de «los términos como vacunas de cortesía, donaciones o prebendas» empleados por medios peruanos.
Este escándalo estalló apenas iniciada la campaña electoral. Fue bautizado como “Vacunagate” y no dejó indiferente a ningún político peruano.
El caso acapara los medios y las redes sociales, aunque sin movilizar a ciudadanos a las calles. La mitad de Perú, incluida Lima, está confinada todo febrero por la segunda ola de la pandemia, en la que se cuadruplicaron los contagios y decesos, en relación a diciembre.
Si bien en otros países presidentes y funcionarios se vacunaron en público para dar el ejemplo, en Perú las críticas apuntan a que hubo autoridades que recibieron las dosis anticipadamente y sin comunicarlo.
«Es un tema más ético. No puedes tu inocularte y tu familia (…) cuando hay gente en la primera línea, doctores, que se han muerto», dijo a la AFP la trabajadora Anaís Rojas.
«No lo veo (este asunto) como una prioridad en este momento, dada la coyuntura en la que estamos, (pero) considero que sí se debe hacer una investigación», indicó Kevin Calero, empleado administrativo.
Sagasti, de 76 años, se vacunó en público el primer día de inmunización al personal sanitario, el pasado martes, ocasión en que incentivó a los peruanos a seguirle.
El presidente peruano y los jefes de los demás poderes públicos (legislativo, judicial, fiscalía y contraloría, entre otros) prometieron «la realización de las investigaciones correspondientes», en una declaración conjunta este lunes.
Además, declararon que «ninguno ha sido parte de un ensayo clínico, ni se ha vacunado contra el COVID-19», con excepción de Sagasti.
¿Delito o falta ética?
El país andino cuenta por ahora con un millón de dosis de la vacuna china, de las que han sido aplicadas unas 77.000 al personal sanitario. Todavía no hay fecha de inicio de la vacunación a la población.
A pesar de las críticas a Vizcarra y Astete, no hay consenso entre los juristas si ellos habrían cometido algún delito o solo una falta ética.
Sin embargo, el asunto amenaza con frenar «el apoyo a Vizcarra [que busca un escaño al Congreso] y al candidato presidencial Julio Guzmán, del partido centrista de Sagasti, según Benavente.
Con 33 millones, Perú acumula 43.703 fallecidos por COVID-19, con 1,23 millones de casos confirmados.
(15/02/2021)
