El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, pidió este miércoles 17 de febrero que se depuren responsabilidades en un caso de presuntas violaciones a niños internados en albergues supervisados por el Estado, un escándalo que también ha sido fustigado por la Iglesia panameña.
«Identifiquen a los autores, determinen responsabilidades y apliquen las sanciones drásticas que contempla nuestra legislación», dijo el mandatario, quien dijo sentir «dolor» e «indignación» por los presuntos abusos contra menores.
«Los autores responsables de los delitos cometidos contra los derechos de las niñas, niños y adolescentes deben ser castigados con el máximo rigor de la ley y sin contemplaciones», continuó.
Pocas horas antes, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, había dicho que la presunta violación de niños en más de una docena de albergues estatales era «un grito que clama al cielo».
La indignación se produce tras una investigación de una subcomisión de la Asamblea Nacional de Panamá.
Según las pesquisas, desde 2017 decenas de niños sufrieron supuestos abusos sexuales, malos tratos físicos y verbales, abortos forzados y malas condiciones de vida en al menos 14 albergues.
Entre los afectados habría personas con discapacidad intelectual, según las averiguaciones.
«Como sociedad debemos luchar para que este tipo de flagelos no se repitan en ninguna parte», dijo Ulloa.
«El problema es grave y no podemos ignorarlo, y mucho menos mirar para otra parte», indicó Ulloa durante la misa del miércoles de ceniza en la basílica menor Don Bosco, en Ciudad de Panamá.
Unos 1.000 niños viven en Panamá en estos centros destinados para la atención, protección y cuidado de menores huérfanos o provenientes de familias de alto riesgo social.
Los albergues son supervisados por la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), una entidad pública descentralizada en cuya junta directiva hay varios ministros. Algunos son administrados por diversas organizaciones civiles y religiosas.
Durante su mensaje, Cortizo pidió aumentar las penas por delitos sexuales contra menores de edad y pidió a entidades gubernamentales presentarse como querellantes en este caso.
«Nos llena de profunda tristeza conocer de posibles maltratos y abusos» en estos albergues, dijo Ulloa. Es «inaceptable», «condenable» y «un grito que clama al cielo y a toda la sociedad», agregó.
La Fiscalía panameña ya ha abierto una investigación de oficio por este escándalo, que ha generado protestas y ha conmocionado al país centroamericano.
«Es una situación bastante grave», señaló esta semana el fiscal jefe de Panamá, Eduardo Ulloa. «Estamos hablando de personas que han afectado y violado a menores», manifestó recientemente la también diputada, Kayra Harding.
