Al menos 62 reclusos murieron en una serie de revueltas que estallaron simultáneamente este martes en tres prisiones del hacinado sistema penitenciario de Ecuador, y que según autoridades están relacionadas con choques de bandas criminales que se financian del narcotráfico.
El país se enfrenta a una crisis carcelaria sin antecedentes: 33 presos fallecieron en la cárcel de Turi, en la ciudad de Cuenca (sur); 21 en la Regional de Guayaquil (suroeste) y ocho en la de Latacunga (centro), señaló Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI).
El funcionario descartó víctimas mortales entre el cuerpo de custodia, pero habló de «policías que han sido heridos», sin precisar el número.
En las afueras del centro penitenciario de Guayaquil, unas 40 mujeres trataban de tener noticias de sus familiares. Daniela Soria, una madre de 29 años, aseguró haber recibido una transmisión de voz de Ricardo, su esposo sentenciado a tres años por narcotráfico.
«íMe van a matar, sácame de aquí. Diles que me cambien de pabellón!», se escucha decir al hombre en el mensaje por WhatsApp que compartió Soria con un periodista de la AFP.
«Queremos que nos pasen la lista de muertos. Sabemos que aún siguen los problemas porque allí todos tienen teléfono y mi esposo no me llama», clamó la mujer en medio del ajetreo de ambulancias.
La Fiscalía dijo que la violenta jornada la desencadenaron «enfrentamientos de bandas criminales».
De su lado, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, denunció una arremetida simultánea de «organizaciones criminales». Las autoridades «están actuando para retomar control de cárceles», señaló el mandatario en Twitter.
Ya entrada la noche, policías y guardias penitenciarios lograron restablecer el orden, según indicó a la AFP una fuente de la SNAI. Las Fuerzas Armadas también fueron movilizadas a los exteriores de las cárceles.
Cárceles tomadas
La autoridad de prisiones describió la feroz disputa que libran bandas organizadas que se nutren del tráfico de drogas y que emplean las cárceles como bases de operaciones.
Según Moncayo, el lunes los custodios decomisaron dos armas de fuego que iban a ser utilizadas para aniquilar a los líderes de una de las organizaciones enfrentadas que están presos en Guayaquil. Sus enemigos quisieron anticiparse a «las acciones violentas» y ordenaron el «asesinato de privados de libertad en otros centros», indicó.
El funcionario mencionó a grupos como Los Pipos, Los Lobos, Tigrones y Chone Killers.
«Allí adentro es como un mercado. Hay de todo: drogas, armas, hasta perritos. Todo se vende», según Soria. «Cuando los presos ven la violencia venir, se encierran con candados en sus celdas», narró antes de salir corriendo detrás de una ambulancia.
El gobierno activó un puesto de mando unificado para enfrentar la crisis, que coincide con la movilización de cientos de indígenas que reclaman en Quito un recuento de votos tras la primera vuelta presidencial del 7 de febrero. Su candidato, el ambientalista Yaku Pérez, denuncia haber sido víctima de un supuesto fraude que lo excluyó del balotaje de abril.
En diciembre, varios amotinamientos en cárceles ecuatorianas atribuidos a disputas de poder entre organizaciones delictivas y del narcotráfico dejaron once presos muertos y otros siete heridos.
El sistema penitenciario de Ecuador está compuesto por cerca de 60 centros con capacidad para albergar a 29.000 personas y cuenta con 1.500 guardias. Sin embargo, la sobrepoblación ronda el 30% (38.000 reclusos).
El gobierno decretó un estado de excepción carcelario que concluyó en noviembre, y que buscaba básicamente recuperar el dominio sobre las cárceles. En 2020 las riñas carcelarias dejaron 51 muertos.
Desde enero y hasta este martes, la Policía había informado de tres muertos en choques entre reclusos.
El organismo gubernamental a cargo de las prisiones ha reconocido la falta de personal de seguridad, lo que «dificulta las acciones de respuesta inmediata» frente a las revueltas de presos.
En medio de la pandemia del covid-19 y para disminuir la cantidad de presos, Ecuador aplicó el año pasado medidas sustitutivas para quienes cumplían penas por delitos menores, con lo que logró bajar de 42% a 30% la cantidad de reos.
