México vive una nueva escalada violenta previa a las elecciones de junio, con docenas de políticos asesinados en seis meses a manos del crimen organizado que intenta ampliar su poder.
La presión de narcotraficantes y otras bandas incluye además secuestros, incendio de viviendas y financiación de candidatos, según el gobierno, que denuncia la existencia de un «partido del crimen organizado».
Los mexicanos elegirán el 6 de junio a 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores, 30 congresos estatales y miles de alcaldes y otros funcionarios locales.
De acuerdo con las autoridades, desde septiembre han sido asesinados 66 políticos, de los cuales dos el pasado jueves: Yuriel González y Melquiades Vázquez, aspirantes a alcaldías de los estados de Chihuahua (norte) y Veracruz (este).
Los criminales «buscan fortalecer su operación mediante la intimidación y el aumento de su influencia política», denunció la ministra de Seguridad, Rosa Rodríguez, al anunciar la semana pasada un plan para proteger a candidatos a los comicios parlamentarios y regionales.
Datos
Rodríguez añadió que en algunos lugares los delincuentes «designan» aspirantes para controlar los presupuestos y extorsionar a los gobiernos y sus proveedores.
En ese contexto fue asesinado el 24 de febrero Ignacio Sánchez, candidato oficialista a la alcaldía de Puerto Morelos, vecina de la turística Cancún (este).
«Era un tipo apreciado, andaba solo, no como los que están vinculados con el crimen organizado que andan con guardaespaldas. Fue un crimen político. Estaba claro que iba a ganar», dijo a la AFP un allegado bajo anonimato.
Sánchez, de 42 años, había comentado a personas de su entorno que un contrincante «ofrecía cinco millones de pesos (unos 239.000 dólares) a quien lo asesinara», agregó la fuente.
(09/03/2021)
