Raúl Castro se jubilará a los 89 años, al dejar en abril el máximo poder de la isla durante el Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), el primero que se realiza después de la muerte de su hermano Fidel en 2016.
Los hermanos Castro llevaron con firmeza desde 1959 las riendas en Cuba, que ahora se abre a una nueva era con otros hombres en el poder.
El nuevo equipo tiene «pendiente la tarea de construirse su legitimidad, que solo podrá emanar de un proyecto político propio, que traiga prosperidad económica con justicia social para Cuba», dijo a la AFP Michael Shifter, presidente del centro de análisis Diálogo Interamericano, en Washington.
Está previsto que estos hombres y mujeres, encabezados por el actual presidente Miguel Díaz-Canel, de 60 años, lleguen durante el próximo congreso del PCC (único) -entre el 16 y 19 de abril- a la dirección máxima del partido, centro del poder en la isla.
Cuba seguirá siendo socialista, pero para los especialistas la legalidad constitucional limitará la preeminencia de la ideología y puede permitir una apertura política.
Reforma política
En abril de 2019 se aprobó una nueva Constitución que defiende el carácter «irreversible» del socialismo en el país. Es «hija de su tiempo y refleja la diversidad de la sociedad», dijo entonces Raúl Castro, quien tras ceder la presidencia a Díaz-Canel en 2018, ahora dejará la jefatura del PCC.
A diferencia de su antecesora, aprobada por unanimidad en 1976, la nueva carta magna recibió la aprobación del 78,3% del sufragio popular, y un 22% de rechazo o abstención, un alto nivel en el contexto cubano.
Sin embargo, en los últimos meses, artistas, intelectuales y otros sectores de la sociedad civil han empezado a exigir derechos y libertades en el país.
Ante estos reclamos, se espera que el nuevo equipo impulse una reforma política del Estado «para gestionar con efectividad las tensiones que se manifiestan en la sociedad», apunta Shifter al considerar que al menos en teoría la Constitución permite desconcentrar el poder del presidente.
El 27 de noviembre se registró una inédita protesta pacífica de 300 artistas frente al ministerio de Cultura, exigiendo libertad de expresión.
Mientras que hace unas semanas fue aprobado un decreto para el bienestar animal, considerado la primera victoria de la sociedad civil no oficialista. La rápida propagación de internet en los últimos tres años en la isla ha permitido a muchos cubanos expresar el descontento.
El PCC, por su parte, anunció ya que enfrentará la «subversión político-ideológica» en redes sociales.
Para Shifter, esta nueva generación gobernante tiene el desafío mayúsculo de responder con un proyecto político distinto al de la generación de los dirigentes históricos, que otorgue amplias cuotas de libertad a la sociedad.
La tradición de los líderes de la revolución había sido movilizar a sus huestes para contar con el apoyo ideológico activo, pero eso está cambiando.
«Hoy la movilización es selectiva. No tanto con una lógica ideológica sino política, de acomodo al gobierno, exigiendo más bien neutralidad que militancia», dijo de su lado el académico cubano Arturo López-Levy de la Holy Names University, en Oakland, California.
Relación «pragmática» con EEUU
Otro de los factores claves será la relación que el nuevo equipo político mantenga con Estados Unidos, que para algunos expertos determina en gran medida lo que sucede en la isla.
El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había adelantado en su campaña que podría eliminar las sanciones impuestas por su antecesor, Donald Trump, y retomar una política de aproximación a la isla, teniendo como brújula la exigencia del respeto a los derechos humanos. Sin embargo, hasta ahora Cuba no ha sido una prioridad.
«Por la dinámica que existe entre Cuba y Estados Unidos, realmente Estados Unidos condiciona directa e indirectamente mucho de lo que pasa [en Cuba], de la toma de decisión incluso de los dirigentes cubanos», dijo de su lado el analista político Harold Cárdenas.
El nuevo proyecto político cubano también tendría que construir una relación pragmática con Estados Unidos, y algo que podría cambiar es la fuerte presencia militar en el gobierno, el PCC y la economía.
Una buena parte de las 280 sanciones impuestas a Cuba por el gobierno de Trump apuntaron a empresas dirigidas por militares. Bajo una nueva política podrían pasar a manos civiles para no ser blanco de sanciones. Aunque, sean civiles o militares, es el Estado el propietario de esas empresas.
En el caso de que eso no suceda y la hostilidad estadounidense continúe, internamente «Cuba va a vivir un largo renegociar de las relaciones civil-militar», señala López-Levy.
Entonces «los militares tendrán la perfecta justificación para seguir jugando su papel prominente en lo político y lo socioeconómico», concluyó.
